Joaquín V. González quedó atravesada por dos femicidios ocurridos con apenas siete días de diferencia. Delicia Bollada, de 38 años, e Isabel Verónica Galbán, de 40, vivían en el barrio Facundo Quiroga y fueron asesinadas en octubre. Los casos no solo conmocionaron a la comunidad de Anta, también reabrieron el debate sobre la capacidad de las instituciones para detectar situaciones de riesgo y actuar a tiempo.
En diálogo con Nuevo Diario, la periodista feminista Teresita Frías sostuvo que es necesario investigar cómo intervinieron los organismos responsables de la prevención y asistencia. Su planteo apunta especialmente a las circunstancias que rodearon la desaparición de Isabel, los antecedentes de violencia denunciados por su familia y las dificultades que, según los allegados, encontraron cuando intentaron activar su búsqueda.
Delicia fue asesinada el lunes 19 de octubre. Por ese crimen fue señalado su hijo, de 21 años. Tres días después, el jueves 22, Isabel desapareció. Su cuerpo fue encontrado cuatro días más tarde en el río Juramento, en inmediaciones de Laguna Blanca.
Por este último hecho, la fiscal penal de Anta, María Celeste García Pisac, imputó provisionalmente a Dionisio Villalba, marido de la víctima, por homicidio calificado por el vínculo y por mediar violencia de género. También fue imputada por encubrimiento una joven que mantendría una relación paralela con el acusado.
Uno de los puntos que generó mayor preocupación fue el relato de los familiares de Isabel sobre las dificultades que atravesaron para denunciar su desaparición y conseguir que se iniciara una búsqueda inmediata.
Según denunciaron, en un primer momento no quisieron recibir la presentación que intentaban realizar. Además, aseguraron que efectivos de la Brigada de Investigaciones les manifestaron que no podían salir a buscarla porque el móvil policial no tenía combustible.
La denuncia formal por desaparición fue presentada por el propio Villalba el viernes 23. Sin embargo, los allegados de Isabel cuestionaron que no se tomaran oportunamente los datos que ellos aportaban y que la búsqueda se intensificara recién después de los reclamos públicos y la intervención de organizaciones feministas de la zona.
Brisa Galbán, sobrina de la víctima, expuso las dificultades que enfrentaron durante esos días. Para Frías, es fundamental que las autoridades expliquen qué ocurrió, qué medidas se dispusieron y si hubo omisiones en el procedimiento.
“La Policía debe explicar cómo actuó, qué medidas tomó y por qué no contaba con los recursos necesarios. Hasta ahora esas explicaciones no están”, señaló la periodista.
El caso de Isabel también quedó bajo cuestionamiento por situaciones anteriores que habían sido advertidas por sus allegados. Tres años antes de su asesinato, su madre había denunciado a Villalba por violencia de género, una presentación que derivó en la detención del hombre.
La familia aseguró que en otras oportunidades intentó alertar sobre los episodios de violencia, pero que se les exigía que Isabel ratificara las denuncias. Según explicaron, ella no quería hacerlo.
Frías consideró que también debe conocerse qué intervención tuvo la Secretaría de la Mujer del municipio, si existieron acciones de acompañamiento y si se realizó algún seguimiento de la situación.
La periodista puso el foco en la necesidad de revisar el funcionamiento de las instituciones y no limitar el análisis a las responsabilidades individuales por los asesinatos. En el caso de Delicia, mencionó además la importancia de abordar el consumo problemático de sustancias y sus consecuencias sociales.
“Los últimos dos femicidios en Anta, puntualmente en Joaquín V. González, nos vuelven a obligar a mirar más allá de los crímenes y preguntar qué hicieron las instituciones para prevenirlos”, expresó.
También destacó el rol de las organizaciones feministas locales, que acompañaron los reclamos de la familia y contribuyeron a visibilizar la desaparición de Isabel.
Los dos asesinatos ocurrieron en una provincia que mantiene la emergencia pública por violencia de género desde 2014, prorrogada en distintas oportunidades. A doce años de su declaración, las organizaciones feministas advierten que persisten dificultades para acceder a dispositivos de asistencia y protección, especialmente en localidades alejadas de la capital.
En ese contexto, la Asamblea Lesbotransfeminista de Salta reclamó explicaciones a la subsecretaria de Género y Diversidad, Julieta Valencia Donat, sobre la ejecución del Plan Provincial para la Igualdad de Género 2025-2026.
La herramienta contempla cinco ejes de trabajo, más de veinte propuestas y 99 líneas de acción. La organización solicitó información sobre cuáles fueron las medidas concretadas, qué presupuesto se destinó y cómo funcionan las mesas de articulación y seguimiento.
El reclamo también apunta a conocer los resultados de las políticas anunciadas y su alcance en el territorio. Desde la Asamblea cuestionaron que las actividades y comunicaciones oficiales no estén acompañadas por datos suficientes que permitan evaluar el cumplimiento de los objetivos.
Frías coincidió en la necesidad de que la Subsecretaría de Género informe qué recursos se destinan a la asistencia de víctimas en toda la provincia y cuáles son los resultados del trabajo en los municipios del interior.
“El retroceso de las políticas nacionales agrava el escenario, pero no exime a la Subsecretaría ni a los municipios de sus propias responsabilidades”, sostuvo.
La investigación judicial por los femicidios continúa, mientras las familias esperan justicia y respuestas sobre lo ocurrido. En paralelo, los cuestionamientos apuntan a determinar si los mecanismos de prevención funcionaron, qué organismos debían intervenir y por qué se habrían presentado obstáculos cuando se necesitaba una respuesta urgente.
Para las organizaciones feministas, la emergencia provincial y los planes oficiales deben traducirse en medidas concretas, recursos disponibles y acompañamiento efectivo, también en las localidades del interior.
La consigna planteada por la Asamblea Lesbotransfeminista resume el reclamo que volvió a instalarse tras los crímenes: “Un plan escrito no salva vidas. Su cumplimiento, sí”.
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