La salud pública agoniza, pero diputada libertaria cuestiona la Emergencia Sanitaria que prorrogó el propio Milei y firma proyecto para favorecer deudas de clínicas privadas

La legisladora salteña de La Libertad Avanza cuestionó la vigencia de una herramienta que el propio Gobierno nacional decidió mantener durante todo 2026. Al mismo tiempo, firmó un proyecto que contempla fuertes alivios fiscales y financieros para prestadores particulares.

Gabriela Flores quedó nuevamente en el centro de una contradicción política por poner en duda la necesidad de mantener una declaración sanitaria excepcional, integra como firmante un proyecto que busca darle oxígeno económico a clínicas, sanatorios y otros prestadores privados mediante un amplio esquema de regularización de deudas, condonación de multas, reducción de intereses y beneficios tributarios.

El episodio ocurrió durante una reunión de la Comisión de Acción Social y Salud Pública de la Cámara de Diputados, donde la legisladora sostuvo: “Si una emergencia está legislada desde hace 25 años es porque dejó de ser una emergencia”.

El problema es que esa afirmación no coincide con lo que hizo el propio Poder Ejecutivo nacional. A través del DNU 942/2025, publicado a comienzos de enero, el Gobierno de Javier Milei extendió la emergencia sanitaria nacional hasta el 31 de diciembre de 2026. El decreto no plantea que la situación haya dejado de existir por el paso del tiempo. Por el contrario, señala expresamente que “se mantienen las razones que motivaron dicha emergencia sanitaria” y advierte sobre el riesgo que implicaría no continuar con la medida.

Es decir, el argumento de Flores choca con una decisión adoptada por la propia administración nacional a la que pertenece.

Y hay otro elemento que vuelve todavía más llamativa su intervención. Flores es abogada, eso no significa que no pueda equivocarse, pero sí hace especialmente llamativo que presente como una regla general que una emergencia deja de serlo simplemente porque lleva muchos años vigente, cuando la normativa actual establece justamente lo contrario.

Un proyecto que mira al sector privado

La contradicción adquiere otra dimensión cuando se observa qué iniciativas acompaña la diputada. Flores figura entre los firmantes del expediente 5727-D-2026, presentado el 26 de octubre, denominado “Sostenibilidad y Fortalecimiento Prestacional del Sistema de Salud”. El proyecto tiene 108 artículos y propone un paquete de medidas destinado principalmente a aliviar la situación financiera de prestadores privados.

Entre las herramientas previstas aparecen planes para regularizar obligaciones fiscales y previsionales de hasta 180 cuotas, condonación de multas, reducción o limitación de intereses, suspensión de ejecuciones y mecanismos destinados a evitar embargos sobre determinados recursos de los establecimientos.

También contempla que determinados créditos reconocidos a favor de prestadores por deudas del Estado o del PAMI puedan utilizarse para cancelar obligaciones tributarias y de la seguridad social.

Para los prestadores que no tengan deuda exigible, el proyecto incorpora además beneficios tributarios, entre ellos reducciones de determinadas cargas y ventajas para inversiones en equipamiento e infraestructura.

No se trata, entonces, de una simple declaración de preocupación por el funcionamiento de la salud privada. Hay una iniciativa concreta, con medidas económicas concretas y con un destinatario claramente identificado: clínicas, sanatorios y otros prestadores particulares.

¿Y el sistema público?

Si la situación del sector privado es considerada lo suficientemente delicada como para impulsar un paquete de asistencia financiera, fiscal y tributaria, ¿qué lugar ocupa el sistema público en esa misma discusión?

Porque mientras aparecen mecanismos para que los establecimientos privados puedan ordenar sus pasivos, reducir cargas y proteger determinados recursos, los hospitales públicos siguen sosteniendo gran parte de la atención de quienes no tienen otra alternativa.

El argumento de las entidades que representan a los prestadores privados es conocido; sostienen que una crisis del sector podría terminar trasladando mayor presión sobre el sistema estatal, debido al peso que tienen las instituciones particulares en la atención sanitaria. Esa es la justificación que acompaña el reclamo del sector para obtener herramientas de sostenimiento.

Pero una cosa es reconocer que existen problemas en la salud privada y otra muy distinta es presentar esa asistencia como la única respuesta posible.

Por eso, la discusión que dejó instalada Flores no pasa solamente por una frase desafortunada. También evidencia una diferencia de prioridades; cuestionar la continuidad de una emergencia sanitaria que el Gobierno decidió prorrogar mientras se acompaña un proyecto que busca otorgar beneficios económicos a quienes prestan servicios en el ámbito privado.

Entonces, si el argumento es que la salud atraviesa una situación suficientemente grave como para requerir respuestas extraordinarias, ¿por qué la urgencia parece tener herramientas concretas cuando se trata de sostener al sector privado y no se ve con la misma claridad cuando se habla de hospitales públicos, trabajadores y pacientes?

Flores puede discutir una política sanitaria. Lo que resulta mucho más difícil de explicar es sostener que una emergencia dejó de ser una emergencia simplemente porque pasaron los años, cuando el mismo Gobierno al que representa acaba de decidir que sigue siendo necesaria.

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