- Desde InfoSalta nos solidarizamos con el colega e instamos a la Justicia Salteña a no criminalizar el ejercicio periodístico.
El funcionario de la Intendencia de Saénz inicia juicio al periodista Agustín Poma con un beneficio que otorga la Justicia a las personas físicas o jurídicas que, por probadas razones económicas, no pueden afrontar los gastos de un proceso judicial por tasa de justicia, sellado de actuación, contribuciones entre otras cosas.
El Coordinador General de la Intendencia, Pablo Outes inicia acciones legales a Agustín Poma un reconocido trabajador de prensa salteño por haber publicado la foto que el funcionario municipal tiene junto a los hermanos Castedo -ambos detenidos por narcotráfico y acusados de ser los responsables intelectuales del crimen de Liliana Ledesma– en una publicación realizada en Salta Entre Líneas que informa sobre el expediente 563/03 de Gendarmería acerca de una investigación que venía llevando a cabo esta fuerza.
En este marco Outes pidió un embargo preventivo al periodista de $200.000 -doscientos mil pesos-.
Este acto constituye con claridad a una criminalización al ejercicio del periodismo y un grave retroceso en materia de libertad de expresión.
Lo que agrava aun mas la situación es que el funcionario en cuestión “inició el juicio con el beneficio de litigar sin gastos”, favor que según el Código Procesal Civil y Comercial: “permite solicitar a los litigantes que ‘carecieren de recursos’, los jueces pueden concederlo de manera total o parcial. No es necesario que la persona se encuentre en estado de indigencia, sino que ‘demuestre no estar en condiciones de sostener los gastos del proceso sin comprometer los medios de su propia existencia y de su familia’, según el criterio receptado por el Superior Tribunal de Justicia en su jurisprudencia”.
Cabe mencionar que en enero de este año La Gaceta realizó una nota titulada: “Infografía: ¿Qué patrominio declararon los miembros del Gabinete municipal?”donde se puede acceder a las declaraciones juradas de cada uno de los secretarios municipales, entre los que se encuentra el patrimonio de Pablo Outes.
En ese informe se muestra lo siguiente:
Entonces, ¿que paso en el medio para que las autoridades del Poder Judicial Salteño pasen por alto este detalle? ¿La Justicia avala el accionar de un funcionario público que busca limitar y atentar contra los principios de la libertad de expresión?