Se trata de la docente de la facultad de jurídicas de la Universidad Católica, artista plástica y empresaria, María Edit Nallim. Según trascendió, Bonari se acogió al beneficio de la jubilación.
A través del Boletín Oficial, el ejecutivo provincial comunicó formalmente que la abogada María Edit Nallim fue la propuesta oficial para reemplazar a Sandra Bonari como jueza de la Corte de Justicia de Salta.Bonari accedió al beneficio de la jubilación este año, por lo que se preveía que el gobierno provincial avance en proponer formalmente una candidata a ocupar el cargo que dejaba vacante la jueza. Nallim ejerce su profesión de manera privada y también es docente actualmente en la Universidad Católica de Salta.
Hasta el 2021, la candidata a jueza ocupó el cargo de vicepresidenta de la Sociedad Anónima Cartoon, empresa que se dedica a los servicios de imprenta. El ejecutivo provincial instruyó al Ministerio de Seguridad y Justicia, a través de su titular Marcelo Domínguez, para que dé inicio al procedimiento establecido en dicha norma, posibilitando la participación de los ciudadanos, colegios profesionales, asociaciones académicas y organizaciones no gubernamentales con interés en el tema, a fin de que puedan exponer sus razones, puntos de vista y observaciones al nombramiento propuesto.
Esto se debe a que se encuentra vigente la Ley 8.311, cuyo autor es el presidente de la Comisión de Justicia del Senado, Jorge Soto; y que prevé que la sociedad civil pueda expresarse ante el Ministerio sobre la postulación de los jueces de Corte.
La ley sanciona que a fin de posibilitar la participación ciudadana, el Poder Ejecutivo ante una vacante en la Corte de Justicia de la Provincia, publicará en el Boletín Oficial de la Provincia y en por lo menos dos diarios de circulación provincial, durante tresdías, el nombre y los antecedentes curriculares de la o las personas que se encuentren en consideración para la cobertura de la vacante.
En simultáneo con tal publicación, se establecerán otros mecanismos de difusión a través de recursos informáticos según se establezca a través del Ministerio de Seguridad y Justicia. Los postulantes deben presentar una declaración jurada de bienes propios, los de su conyúge y también de los estudios jurídicos, asociaciones civiles y entidades de las que hayan formado parte en tiempos anteriores.