La situación generó un gran escándalo al considerarse algo inusual. Después de este episodio, fuentes cercanas a ANSES reafirmaron el Decreto 493/2023 y la Resolución 202/2023, que establecen que los privados de la libertad están excluidos de este beneficio.
Como lo comunicaron a través de VOCES CRÍTICAS, recientemente, surgió la noticia de que un preso fue llevado desde la comisaría 1 de Metán hasta la sucursal local del Banco Nación para cobrar la primera cuota del nuevo IFE, con la autorización del Juzgado de Garantías 1, dirigido por el juez Mario Herminio Teseyra. En respuesta, ANSES ha aclarado que los detenidos no pueden acceder a este beneficio.
En este caso en particular, se señaló que se debe revisar la información del detenido, Claudio Maximiliano Rivera, arrestado por hurto calificado y daños, y se cuestionó por qué la solicitud del refuerzo de ingresos no fue rechazada en el cruce de datos, donde debería haberse detectado la situación de privación de la libertad.
ANSES afirmó que son pocas las detenciones que se informan a la entidad y destacó la orden dada a la Policía para llevar al preso, indicando que el área de Asuntos Jurídicos no tenía conocimiento del caso. La interrogante ahora radica en cómo la persona logró gestionar el trámite para el Refuerzo Alimentario, también conocido como nuevo IFE.
Este incidente vuelve a poner en tela de juicio ciertos beneficios otorgados a los presos, especialmente cuando muchas solicitudes de personas en libertad fueron rechazadas por no cumplir con los requisitos necesarios para recibir el monto otorgado por el programa.