El enfrentamiento se remonta a 2018, cuando el finquero denunció a los pobladores indígenas por “usurpación de tierras”.
Un audio viralizado expuso expresiones despectivas del terrateniente Rufino Pagola Saravia contra integrantes de la comunidad wichí Isidro Moreno, de El Quebrachal, departamento de Anta, al sur de la provincia.
En la grabación, este “patrón de estancia” calificó a los pobladores como “monos, bestias e inhumanos” y agregó que “no son cristianos”. Además, advirtió que sufrirían represalias policiales.
Los wichis sostienen que esas hectáreas corresponden a su territorio ancestral, relevado en 2013 por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) en el marco de la Ley 26.160. El informe oficial reconoció 400 hectáreas como propiedad comunitaria indígena.
Sin embargo, Raquel Moreno, integrante de la comunidad, afirma que actualmente solo pueden ocupar de forma efectiva 4 hectáreas. Ante la falta de respuestas estatales y la necesidad habitacional de más de 70 familias, los originarios decidieron en agosto de 2024 acampar en parte del territorio en disputa, lo que derivó en una nueva denuncia de Pagola Saravia por usurpación y daños sobre 18 hectáreas que asegura poseer.
En una de las audiencias que se celebró con motivo de conciliación. La comunidad estuvo representada por el cacique Félix Moreno y la presidenta Raquel Moreno, acompañados por el abogado especialista en derecho indígena Hernán Mascietti y la asesora jurídica del Ministerio de Asuntos Indígenas de Salta, Sandra Ruiz.
Del lado del terrateniente, la defensa estuvo a cargo de los abogados Mónica Raquel Vera y Antonio Saravia. La causa se encuentra bajo la órbita del fiscal de El Quebrachal, Rolando Savall Soto.
Denuncias de persecución
Desde hace años, los originarios denuncian persecución policial y señalan un accionar judicial favorable a los intereses del terrateniente, apuntando directamente a la jueza Patricia Rahmer y al fiscal Savall Soto.
La comunidad sostiene que la situación de hacinamiento y falta de acceso a tierras es crítica, mientras que la mayoría de las hectáreas reconocidas permanecen alambradas o en manos de terceros.
Raquel Moreno manifestó que “continuarán resistiendo en el territorio hasta obtener una solución definitiva”, mientras que la defensa legal advierte que el trasfondo del conflicto territorial “es grave” y difícil de resolver sin intervención efectiva de los organismos nacionales competentes.
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