En una jugada que tomó por sorpresa incluso a funcionarios propios, el Gobierno nacional incorporó a último momento el artículo 91 en el proyecto de reforma laboral, una cláusula que apunta directamente al fuero laboral nacional y reaviva un conflicto institucional que llevaba años en pausa.
El nuevo artículo ordena el traspaso de los juzgados laborales a la Ciudad de Buenos Aires y establece que el fuero nacional será disuelto progresivamente una vez firmado el acuerdo de transferencia entre Nación y Ciudad. La modificación no figuraba en los borradores previos y generó impacto inmediato en los ámbitos judicial, político y sindical.
La decisión reactiva un debate que estaba prácticamente congelado. El proceso de transferencia de competencias había avanzado con dificultades en los últimos años, trabado por desacuerdos técnicos y resistencia dentro de la Justicia nacional. Sin embargo, el oficialismo dio un giro inesperado y aceleró un tema que se consideraba de resolución lenta.
Desde la Casa Rosada explicaron que la medida busca ordenar el sistema judicial laboral y adecuarlo al esquema de autonomía porteña surgido de la reforma constitucional de 1994. No obstante, fuentes oficiales reconocen que también influyó el malestar generado por fallos recientes que el Gobierno considera “excesivamente favorables” a sindicatos y trabajadores.
En la Ciudad de Buenos Aires celebraron la inclusión del artículo. Recordaron que el fuero laboral local funciona desde diciembre de 2024 y que ya está en marcha una comisión conjunta con la Nación para coordinar el traspaso. También destacaron el fallo de la Corte Suprema que habilitó al Tribunal Superior de Justicia porteño a revisar causas remitidas desde la Justicia nacional.
El movimiento del Ejecutivo amenaza con abrir un nuevo frente de conflicto. La CGT adelantó que incorporará este punto a su estrategia de resistencia general a la reforma laboral y trabaja en un documento de rechazo. En paralelo, asociaciones de magistrados advierten que el traspaso podría afectar la independencia judicial y remarcan que no puede avanzarse sin acuerdos institucionales sólidos.
Con posiciones enfrentadas y tensiones en aumento, el Gobierno se prepara para una nueva disputa política y judicial, en un capítulo que promete profundizar el escenario de confrontación que ya rodea a la reforma laboral.
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