En San Ramón de la Nueva Orán continúa la construcción de la Ciudad Judicial, una obra de gran envergadura impulsada por el gobernador Gustavo Sáenz y orientada a fortalecer el acceso al servicio de justicia en el norte de la provincia. El proyecto busca centralizar dependencias, agilizar trámites y mejorar la atención a la comunidad.
La iniciativa se desarrolla en un predio de cinco hectáreas, ubicado en las avenidas Palacios y Los Constituyentes, y contempla una superficie aproximada de 20.000 metros cuadrados. Según se informó, la primera etapa de la obra presenta un avance cercano al 30%.
Actualmente, los trabajos se concentran en el sector correspondiente al Poder Judicial, así como en la pavimentación de las calles perimetrales y en la construcción de áreas destinadas a guardia policial, talleres y depósito. Estas tareas forman parte del esquema general que permitirá el funcionamiento integral del complejo.
El diseño del proyecto prevé un acceso público común a través de un vestíbulo central, desde el cual se distribuirán las distintas áreas. La Ciudad Judicial estará organizada en dos bloques independientes: al sur se ubicará el Ministerio Público, mientras que al norte funcionará el Poder Judicial.
Además del edificio principal, que albergará la sala de grandes juicios y diversas oficinas administrativas, se construirán otros espacios complementarios, entre ellos un auditorio, dependencias para mantenimiento, talleres y sectores operativos destinados a la seguridad.
La obra cuenta con financiamiento del Gobierno nacional, con una contraparte del Gobierno de la Provincia de Salta, en un esquema conjunto destinado a garantizar la continuidad y el avance de los trabajos. Desde el Ejecutivo provincial destacaron que el proyecto permitirá mejorar las condiciones de funcionamiento del sistema judicial y acercar el servicio a la población de Orán y localidades cercanas.
Con el progreso de la construcción, la Ciudad Judicial se perfila como una infraestructura clave para el desarrollo institucional de la región y para optimizar la respuesta del sistema de justicia a las demandas de la comunidad.
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