Un operativo de alcance nacional permitió frustrar un plan de ataques masivos contra establecimientos educativos en las provincias de Jujuy y Buenos Aires, luego de una alerta emitida por el FBI de los Estados Unidos. La intervención, encabezada por la Policía Federal Argentina (PFA), se activó tras detectar comunicaciones digitales que anticipaban una posible masacre escolar.
La investigación se inició en julio del año pasado, cuando el FBI remitió un informe a la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI), a cargo del fiscal Horacio Azzolin. El documento advertía sobre intercambios en una red social entre dos usuarios que difundían mensajes de odio, antisemitismo y supremacía racial, y que expresaban de forma explícita su intención de cometer ataques en escuelas.
Ante la gravedad del contenido, la UFECI dio intervención al Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista (DUIA) de la PFA, bajo la supervisión del Ministerio de Seguridad de la Nación. A partir del análisis de Inteligencia de Fuentes Abiertas (OSINT), los investigadores lograron identificar a los presuntos involucrados: dos menores de edad, uno con domicilio en La Quiaca, provincia de Jujuy, y el otro en Miramar, Buenos Aires.
Con el avance de la causa, también se establecieron vínculos con otros domicilios ubicados en los partidos bonaerenses de San Martín y Quilmes, relacionados con la planificación de los ataques. Con las pruebas reunidas, el Juzgado Federal N.º 3 de Mar del Plata, a cargo del juez Santiago Inchausti, ordenó una serie de allanamientos simultáneos, uno de ellos en Jujuy, realizado con la colaboración de la División Unidad Operativa Federal La Quiaca.
Durante los procedimientos, las fuerzas de seguridad secuestraron cuchillos de caza, municiones de armas de fuego, teléfonos celulares, notebooks, una tablet, documentación relevante y material con simbología nazi, elementos que quedaron a disposición de la Justicia Federal.
La causa fue caratulada como “Intimidación Pública”, y continúa bajo investigación. Desde las fuerzas de seguridad señalaron que este tipo de episodios se inscriben en una tendencia global de radicalización juvenil en entornos digitales, un fenómeno que en los últimos dos años ya registró al menos 13 casos similares en Argentina.
El operativo permitió desactivar una amenaza concreta antes de que se materializara y puso nuevamente en foco el impacto de las redes sociales como espacio de captación y planificación de hechos de violencia extrema.
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