Una investigación de meses expuso el funcionamiento de una organización que trasladaba droga desde el norte salteño. El caso terminó con condenas, escenas de alto impacto en juicio y una nueva estrategia judicial para apelar el fallo.
La historia empezó a escribirse lejos de las cámaras, con tareas de inteligencia, seguimientos y datos que, en un principio, parecían inconexos. Con el paso del tiempo, la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) logró reconstruir una estructura dedicada al transporte de estupefacientes desde zonas fronterizas hacia distintos puntos de la provincia de Salta.
El avance de la investigación permitió identificar a los integrantes de la red y sus roles dentro de una logística aceitada: vehículos particulares, rutas definidas y movimientos calculados para evitar controles. En ese entramado apareció el nombre de Martina Oliva, conocida como “la China Suárez salteña”, quien fue detenida junto a otros implicados.
El punto de quiebre llegó en febrero de 2025, cuando un procedimiento en ruta derivó en la interceptación de un vehículo sospechoso. La situación escaló rápidamente en una persecución que terminó con el secuestro de una importante cantidad de droga. Ese episodio abrió una nueva etapa en la causa: allanamientos, detenciones y la consolidación de la hipótesis de una organización estructurada.
La investigación avanzó hasta llegar a juicio oral, que se desarrolló en cinco audiencias cargadas de tensión, exposición mediática y escenas que no pasaron desapercibidas. El proceso comenzó el 24 de febrero, aunque Oliva recién se presentó días después, el 3 de marzo, cuando ingresó a la sala custodiada por personal de seguridad.
La joven llegó esposada y con chaleco antibalas, luego se sentó alejada de su ex pareja, Joaquín Tolaba, con quien compartió el banquillo de los acusados.
A lo largo de las audiencias, su actitud fue cambiando. En un inicio se mostró incómoda ante la cobertura mediática, pero con el correr de las jornadas comenzó a mostrarse más distendida e incluso sonriente frente a las cámaras. Su defensa, encabezada en ese momento por el polémico y mediático abogado Rambert Alexis Ríos, quien como en todos los casos que lleva, llama la atención en la sala.
El tribunal, integrado por las juezas Marta Liliana Snopek y Gabriela Elisa Catalano, entre otras, finalmente dio a conocer su veredicto, Oliva fue condenada a siete años de prisión por el transporte de 15 kilos de marihuana desde Orán hacia la capital salteña. Tolaba, por su parte, recibió una pena mayor que, tras una aclaración por una causa acumulada, ascendió a diez años de prisión.
La ex reina de belleza recibió la sentencia sin sobresaltos. Su principal preocupación era mantener el beneficio del arresto domiciliario, lo que finalmente se le concedió. Tras conocer la decisión, su estado de ánimo cambió y, en un breve intercambio con la prensa, pidió que se publicaran imágenes favorables, en referencia a las que habían circulado durante el juicio.
Sin embargo, el capítulo judicial no terminó allí. A menos de una semana de la condena, Oliva decidió cambiar de estrategia, revocó el poder de su abogado defensor y designó al penalista Marcelo Arancibia para encarar la etapa de apelación ante la Cámara Federal de Casación Penal.
El propio Arancibia confirmó su designación y señaló que su trabajo se centrará en analizar los fundamentos del fallo y presentar los recursos correspondientes. La defensa buscará sostener el arresto domiciliario mientras se revisa la sentencia.
En paralelo, el proceso podría registrar demoras, la audiencia de lectura de fundamentos podría reprogramarse tras el fallecimiento del juez Mario Marcelo Juárez Almaraz, integrante del tribunal que intervino en el juicio.
El operativo “Huella Borrada” no solo terminó con condenas, sino que también dejó al descubierto el funcionamiento de redes narco que utilizan corredores estratégicos en el norte del país, evidenciando el nivel de organización con el que operan estas estructuras en la región.
📌 Publicado por Diario InfoSalta