En un contexto de restricciones económicas que atraviesan a todo el país, la Corte de Justicia de Salta dispuso el congelamiento de los salarios de sus jueces por un plazo de seis meses. La decisión quedó formalizada a través de la Acordada 14627 y se enmarca en un plan de austeridad destinado a sostener el funcionamiento del Poder Judicial ante la disminución de los recursos provinciales.
La medida se encuentra en sintonía con el Decreto 206/2026 impulsado por el Poder Ejecutivo provincial y forma parte de una política más amplia de contención del gasto público. Desde el máximo tribunal señalaron que la resolución responde a la necesidad de adecuar el uso de los fondos disponibles sin afectar la prestación del servicio de justicia, considerado esencial.
Según se desprende del informe técnico elaborado por la Dirección de Administración, la suspensión de aumentos salariales permitirá generar un ahorro significativo dentro del presupuesto vigente. Este ajuste se suma a una serie de decisiones que el cuerpo judicial viene adoptando desde diciembre de 2023, cuando se trazaron las primeras líneas de responsabilidad fiscal frente a un escenario económico adverso.
El plan de austeridad no se limita únicamente a los salarios de los magistrados. También contempla la implementación de directivas estrictas en todas las dependencias del Poder Judicial, entre ellas la reducción en la compra de insumos y bienes de uso, que deberán limitarse exclusivamente a lo indispensable para garantizar el funcionamiento de las oficinas judiciales.
Desde el tribunal remarcaron que, históricamente, el Poder Judicial de Salta ha sostenido una administración basada en criterios de prudencia en el gasto. Sin embargo, indicaron que la actual coyuntura económica exige reforzar esas políticas para asegurar la continuidad del servicio sin comprometer la estabilidad financiera del organismo.
La vigencia de estas medidas será semestral y su continuidad dependerá de la evolución de los recursos provinciales en los próximos meses. Mientras tanto, el congelamiento salarial se instala como una de las decisiones más relevantes adoptadas por el sistema judicial salteño en el actual escenario económico.
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