El caso de la niña wichi sacó a relucir lo peor de la Justicia
El fiscal hizo sancionar al juez, que ahora busca ponerlo en el banquillo con el Jury.La recusación duerme en un tribunal de jueces jubilados y la Corte mira indiferente.
En medio del vendaval que desató la movida judicial que busca convertir en vitalicios los mandatos de los jueces de la Corte, el servicio de Justicia de Salta se muestra como cuadrilátero de una insólita revancha boxística que tiene como contendientes al juez de Garantías de Segunda Nominación de Tartagal, Fernando Mariscal Astigueta, y al fiscal penal de Salvador Mazza, Armando Cazón.
Se trata del fiscal y el juez que intervinieron en la causa de la niña wichi que fue violada por un grupo de jóvenes criollos en Alto La Sierra, en noviembre de 2015, y que sobrellevó un embarazo crítico por seis meses en el más absoluto abandono. En la citada comunidad del departamento Rivadavia fallaron los médicos y la policía. Tampoco hubo respuestas de los ministerios de Salud, Derechos Humanos y Justicia, Primera Infancia y Asuntos Indígenas.
El Poder Judicial y el Ministerio Público, a su modo, también intercambiaron culpas y dirimieron diferencias con un juicio destitutorio que fue impulsado por uno de los jueces de la Corte, Abel Cornejo. En ese proceso, el procurador general de la Provincia, Pablo López Viñals, consideró que no había sustento para formular una acusación. Finalmente, el jury promovido contra Mariscal Astigueta y Cazón cayó.
El 23 de junio de 2016, ante una presentación realizada por el juez ante la Procuración, el fiscal terminó apartado de la causa. Poco tiempo después, Cazón denunció a Mariscal Astigueta ante la Corte, que en ejercicio de sus facultades de superintendencia sancionó al juez de Garantías de Tartagal, tras concluir que el magistrado “faltó a la verdad y ocultó información en concretas actuaciones judiciales” para perjudicar al fiscal de Salvador Mazza.
Luego de haber estado suspendido por cinco días desde el 4 de agosto de 2017, Mariscal Astigueta aceleró una causa que tiene a Cazón como único imputado “por extralimitación ilegítima de funciones y coacción” y la elevó a juicio. El magistrado, además, pidió al Jurado de Enjuiciamiento que suspenda la inmunidad del fiscal para ponerlo en un banquillo.
El Jurado de la puja
El pasado 8 de mayo, el Jurado de Enjuiciamiento integrado por jueces, legisladores y abogados de la matrícula optó por diferir su pronunciamiento hasta tanto la Sala IV del Tribunal de Impugnación resuelva una recusación con causa que Cazón presentó contra Mariscal Astigueta. El planteo espera desde hace varios meses por un pronunciamiento del tribunal que la Corte integró en agosto de 2016, mediante una acordada, con tres jueces jubilados.
La función transitoria que Luis Félix Costas, Antonio Omar Silisque y Adolfo Figueroa vienen cumpliendo desde hace 20 meses, movió cuestionamientos en el foro de abogados. “Las decisiones tomadas por la Sala IV podrían terminar anuladas por violación de la garantía del juez natural”, sostuvo la defensora oficial civil N° 4, Natalia Buira.
El pasado 3 de abril, el bloque de diputados radicales hizo una presentación ante el procurador general de la Provincia, por la conformación de la Corte ad hoc que trataría las acciones con las que se busca desactivar el artículo constitucional que limita el mandato de los jueces de la Corte a seis años.
Para el tribunal circunstancial fueron sorteados los tres jueces jubilados, pero, según trascendió, al menos dos de ellos se excusaron. Los magistrados de la Sala IV también habían sido sorteados, en abril de 2017, para integrar la Corte ad hoc que anuló el concurso de camaristas para las cinco salas de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, luego de que el gobernador Juan Manuel Urtubey desechara las ternas elevadas por el Consejo de la Magistratura, ante denuncias de irregularidades.
Con todo este contexto detrás, la sala de los jueces jubilados lleva un largo tiempo sin resolver una recusación que, a la vista de la manifiesta enemistad de Mariscal Astigueta y Cazón, pudo resolverse en semanas o días. De de ese pronunciamiento depende la suerte del juicio al que el juez de Tartagal quiere llevar al fiscal de Salvador Mazza con una evidente actitud revanchista.
Y este es el punto central, porque ¿qué puede esperar el ciudadano de a pie con esta forma de Justicia? Dentro de la Corte, que sancionó a Mariscal Astigueta por serias faltas, ninguno de sus miembros debería pasar por alto que ese magistrado, al que le aplicaron solo cinco días de inhabilitación, tiene confiado el deber de impartir justicia en la zona más caliente e insegura de la provincia.
“La preservación de la institucionalidad es la única manera de asegurar un adecuado servicio de justicia para el ciudadano común”, afirmó Pedro García Castiella, el abogado del fiscal Cazón.
Fuente: El Tribuno
