Amnistía Internacional relevó faltantes críticos de anticonceptivos, demoras en la atención y obstáculos económicos para acceder a interrupciones del embarazo. El escenario impacta especialmente sobre mujeres y personas gestantes que dependen exclusivamente del sistema público.
Una mujer sale de una salita barrial con una receta en la mano y una preocupación imposible de resolver: conseguir por su cuenta una medicación costosa para interrumpir un embarazo. Otra espera semanas por un turno mientras el tiempo avanza y el procedimiento se vuelve más complejo.
En distintos puntos de Salta, esos relatos comenzaron a repetirse con fuerza y ahora forman parte de un informe elaborado por Amnistía Internacional tras una misión de monitoreo realizada en la provincia.
La organización recorrió la provincia a fines de abril para actualizar el diagnóstico sobre el acceso a derechos sexuales y reproductivos y detectar qué ocurre actualmente en hospitales, centros de salud y comunidades donde mujeres y personas gestantes buscan atención vinculada a anticoncepción e interrupción voluntaria y legal del embarazo.
El relevamiento encendió señales de alerta. Según la información reunida, el retiro del Estado nacional de políticas sanitarias vinculadas a salud sexual está generando dificultades concretas para garantizar prestaciones básicas en el sistema público.
Entre los principales problemas detectados aparecen la reducción drástica en la entrega de métodos anticonceptivos, la falta de preservativos, la escasez de implantes subdérmicos y la interrupción en la compra y distribución de medicamentos esenciales como misoprostol y mifepristona.
Durante las entrevistas realizadas en la provincia, varias usuarias relataron que debieron afrontar de manera particular costos elevados para acceder a tratamientos que deberían estar garantizados por el sistema público de salud.
El informe advierte que esa situación no solo representa una barrera económica, sino que además puede derivar en maternidades forzadas, demoras evitables y mayores riesgos para la salud.
En algunos casos, personas que consultaron con embarazos de pocas semanas terminaron accediendo a la práctica mucho tiempo después debido a la falta de medicación o a la saturación de los servicios de atención.
Amnistía Internacional también relevó situaciones de malos tratos, desinformación y exposición dentro de algunos efectores de salud, además de dificultades para acceder a información clara sobre dónde acudir o cómo gestionar una interrupción legal del embarazo.
Uno de los testimonios recogidos durante la misión reflejó que un simple afiche colocado en una salita de barrio fue determinante para que una mujer pudiera conocer sus derechos y acceder a atención médica a tiempo.
La organización mantuvo reuniones con autoridades del Ministerio de Salud de Salta, profesionales del Hospital Materno Infantil, equipos médicos que realizan prácticas de IVE/ILE, referentes territoriales y organizaciones feministas.
Según lo informado por autoridades provinciales, Salta intentó sostener parte de la demanda mediante compras propias de insumos. Sin embargo, reconocieron que los recursos actuales no alcanzan para garantizar una cobertura regular y equitativa en todo el territorio provincial.
La directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina, Mariela Belski, sostuvo que el escenario provincial refleja el impacto concreto del retiro del Estado nacional como articulador de políticas públicas sanitarias.
“Las provincias están absorbiendo más carga, pero sin provisión federal de insumos se profundizan las brechas territoriales y se debilita la capacidad de respuesta del sistema de salud”, señaló.
Otro de los puntos advertidos en el informe es que actualmente ningún efector público o privado de Salta realiza prácticas de Aspiración Manual Endouterina (AMEU), un procedimiento recomendado para garantizar intervenciones oportunas y seguras. Según la organización, pese a las capacitaciones anunciadas años atrás, la práctica continúa sin implementarse por problemas de infraestructura.
Amnistía Internacional remarcó además que el acceso a la salud sexual y reproductiva no puede quedar condicionado a la capacidad económica de cada provincia ni depender exclusivamente de respuestas locales fragmentadas.
Mientras tanto, en hospitales y centros de salud, profesionales continúan intentando sostener la atención cotidiana en medio de faltantes, demoras y una creciente demanda que golpea principalmente a quienes menos recursos tienen.
📌 Publicada por Diario InfoSalta