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Alertan por un fuerte recorte en anticonceptivos: Advierten que habrá miles de embarazos no planificados y más pobreza

Un análisis elaborado por CEDES, ELA y REDAAS puso el foco sobre la reducción presupuestaria aplicada por el Gobierno nacional a las políticas de salud sexual y reproductiva. El estudio advierte que los ajustes ya comenzaron a reflejarse en la disminución de compras públicas de métodos anticonceptivos y en el desmantelamiento de programas destinados a la prevención del embarazo adolescente.

Según las proyecciones difundidas por las organizaciones, la cantidad de mujeres alcanzadas por la cobertura anticonceptiva podría desplomarse de más de 1,2 millones durante 2024 a apenas 63 mil en 2026. El escenario estimado incluye además unas 840 mil personas menos protegidas frente a embarazos no intencionales.

El documento también calcula posibles consecuencias sanitarias derivadas de esa reducción. Entre ellas, se estiman alrededor de 240 mil embarazos no planificados adicionales, más de 112 mil abortos evitables, 452 muertes maternas y cerca de 2.600 muertes neonatales.

Las entidades remarcaron que el impacto no se limita al sistema de salud. De acuerdo con los datos presentados, cada peso invertido en anticoncepción genera un ahorro equivalente a tres pesos en gastos médicos posteriores. Cuando se suman variables vinculadas a educación, empleo, productividad y recaudación fiscal, el retorno económico asciende hasta veinte veces el monto invertido.

El informe toma como referencia estudios internacionales y trabajos académicos centrados en desarrollo económico y planificación familiar. Entre ellos aparecen las conclusiones del Copenhagen Consensus, iniciativa integrada por economistas y premios Nobel, que ubicó a la anticoncepción entre las políticas públicas con mayor impacto positivo para el crecimiento de los países.

La investigación también retoma aportes del economista Gary Becker sobre la relación entre decisiones reproductivas y oportunidades educativas y laborales. A eso se suman los estudios de Claudia Goldin, ganadora del Premio Nobel de Economía, quien analizó cómo el acceso a métodos anticonceptivos modificó la participación femenina en la educación superior y en el mercado laboral de Estados Unidos.

Las organizaciones sostienen que la disminución en la inversión pública vinculada a salud sexual no representa únicamente un ajuste presupuestario, sino también una pérdida de oportunidades de desarrollo humano y económico. En ese sentido, advirtieron que la menor disponibilidad de anticonceptivos puede profundizar desigualdades sociales, limitar trayectorias educativas y afectar la inserción laboral de miles de mujeres.

El estudio fue elaborado a partir de modelos econométricos internacionales utilizados para medir el impacto de las inversiones en anticoncepción. Para las estimaciones se tomaron datos públicos sobre compras estatales y parámetros desarrollados por organismos como el Guttmacher Institute y UNFPA.

Mientras crece la preocupación entre especialistas y organizaciones civiles, el informe plantea un escenario en el que la reducción de insumos no sólo impactaría en la salud reproductiva, sino también en indicadores económicos y sociales de largo plazo para Argentina.

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