La Justicia de Estados Unidos volvió a fallar en contra de la Argentina en una de las causas internacionales más importantes vinculadas a la expropiación de Aerolíneas Argentinas. La Cámara de Apelaciones del Distrito de Columbia confirmó la sentencia que obliga al Estado nacional a abonar US$390.907.115,55, más los intereses correspondientes, al fondo Titan Consortium.
La decisión judicial rechazó el recurso presentado por la Argentina y dejó firme el criterio adoptado en primera instancia, que había reconocido la validez del laudo emitido por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), organismo arbitral dependiente del Banco Mundial.
Según explicó Sebastián Maril, analista de Latam Advisors especializado en litigios internacionales que involucran al país, el tribunal estadounidense ratificó que el plazo de prescripción aplicable para ejecutar el laudo es de 12 años y no de tres, como había sostenido la defensa argentina durante la apelación.
El conflicto tiene su origen en la estatización de Aerolíneas Argentinas y Austral concretada en 2008. En ese momento, ambas compañías estaban bajo el control del grupo español Marsans, que inició un reclamo internacional ante el CIADI por la expropiación.
Con el paso del tiempo, los derechos derivados de ese litigio fueron transferidos primero al fondo Burford Capital, conocido también por haber participado en el juicio por la expropiación de YPF, y posteriormente quedaron en manos de Titan Consortium, que desde 2021 impulsó acciones ante los tribunales estadounidenses para obtener el reconocimiento judicial del laudo arbitral.
El proceso internacional registró varias etapas. En 2017, el CIADI emitió un laudo favorable a los demandantes. Dos años después, en 2019, rechazó el intento argentino de anular esa resolución. Más adelante, en 2024, la Justicia de Estados Unidos reconoció oficialmente la validez del fallo arbitral y ordenó el pago de US$390,9 millones, además de los intereses acumulados.
Durante 2025, el Estado argentino apeló esa decisión al considerar que el plazo para ejecutar el laudo había vencido, al sostener que debía aplicarse un límite de tres años. Sin embargo, la Cámara de Apelaciones confirmó ahora que corresponde el plazo de 12 años previsto por la legislación aplicable, por lo que dejó firme la condena económica.
Tras conocerse el fallo, la Procuración del Tesoro de la Nación informó que analiza las herramientas legales disponibles para intentar revertir la decisión o, al menos, reducir el impacto financiero que implica la sentencia.
Desde el organismo señalaron además que el origen de este litigio se remonta a decisiones adoptadas durante administraciones anteriores y remarcaron que el actual Gobierno recibió un escenario con más de 30.000 millones de dólares en obligaciones derivadas de juicios internacionales perdidos, según la posición oficial difundida tras la resolución judicial.
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