La Comunidad Indígena Las Capillas, del Pueblo Ocloya, espera respuestas de la Fiscalía Ambiental por los presuntos daños ocasionados durante el Rally Enduro Transmontaña 2026. Según denunciaron sus representantes, el 11 de octubre más de 500 motocicletas ingresaron al territorio comunitario y afectaron distintos espacios naturales y sitios de importancia cultural.
La denuncia penal fue presentada el 10 de octubre contra los organizadores Transmontaña, AJEM y Yungas Race, y también menciona al diputado nacional Manuel Quintar. La comunidad sostiene que la competencia se realizó sin estudio de impacto ambiental ni factibilidad correspondiente.
Entre las afectaciones señaladas se encuentran daños a la flora, fauna, fuentes de agua, senderos ancestrales, sitios sagrados, plantas nativas y zonas de pastoreo. También advierten sobre consecuencias para los animales, la biodiversidad y las formas de vida de los habitantes.
El 28 de octubre, representantes de Las Capillas, junto al Consejo de Delegados de Comunidades Aborígenes del Pueblo Ocloya (CDCAPO), se reunieron con la Comisión de Pueblos Indígenas de la Legislatura provincial para solicitar la intervención de distintos organismos. Entre ellos mencionaron al Ministerio de Ambiente y Cambio Climático, la Secretaría de Pueblos Indígenas, la Fiscalía Ambiental, a cargo de Javier Sánchez Serantes, y el juzgado de la jueza ambiental Laura Flores.
Durante el encuentro también reclamaron respuestas a la medida cautelar solicitada en la denuncia, que hasta ese momento no había sido dictada. Además, señalaron la ausencia de diputados de La Libertad Avanza en la reunión.
Uno de los pedidos centrales es una inspección ocular para documentar los daños. La comunidad advirtió que ya habían transcurrido 18 días desde los hechos y que las condiciones climáticas podrían provocar la pérdida de pruebas relevantes para la investigación.
Asimismo, sostuvo que el ingreso de vehículos y la realización de actividades similares se repiten periódicamente, aunque en menor escala, dentro del territorio comunitario.
En paralelo, se solicitaron actuaciones al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), donde se abrió el expediente EX-2026-92439248- -APN-DADI#INAI, con el objetivo de que el organismo intervenga en la protección de los derechos de la comunidad.
El reclamo también se fundamenta en que el territorio forma parte de la Reserva de Biosfera de las Yungas, reconocida por la UNESCO, y está identificado con categoría roja en el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos, establecido por la Ley Nacional 26.331.
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