Por qué Haití será clave en el nuevo enfoque de seguridad nacional de EE.UU. para “promover sus intereses”

El viernes, el presidente Joe Biden confirmó la implementación de la ‘Ley de Fragilidad Global’, que empezará a aplicarse en al menos cinco países.

Haití, la nación más pobre de América Latina, es uno de los cuatro países elegidos por EE.UU. para implementar su Ley de Fragilidad Global, un instrumento que aunque fue aprobado en 2019, ahora entrará en vigor por órdenes de Joe Biden.

En una carta publicada el viernes, Biden argumentó que como el mundo se encuentra en “una década decisiva”, marcada por la pandemia, la crisis climática y el “envalentonamiento de los autócratas”, EE.UU. “debe liderar” este punto de inflexión. En esa línea, prometió que la aplicación de la ley será la hoja de ruta de la nueva estrategia de Washington “para prevenir conflictos y promover la estabilidad” mundial.

La ‘prueba piloto’ empezará en Haití, Libia, Mozambique y Papúa, y también contempla la costa occidental de África, que incluye a Benin, Costa de Marfil, Ghana, Guinea y Togo, confirmó la Casa Blanca mediante un comunicado. El plan, nacido del consenso bipartidista, ha sido presentado por la Administración de Biden como la “estrategia para prevenir conflictos y promover la estabilidad con países socios en todo el mundo”.

En palabras del presidente estadounidense: “Es una inversión en la paz y la seguridad mundiales, una inversión que generará beneficios críticos, no solo en las naciones con las que trabajaremos, sino, sobre todo, aquí en los Estados Unidos”.

¿En qué consistirá el plan?

Según los documentos divulgados la semana pasada, se trata de una estrategia de diez años que pretende limar los conflictos en esas zonas y, al mismo tiempo, “mejorar la forma” en que el Gobierno de EE.UU. opera “en una variedad de contextos”.

“Aprovecharemos las fortalezas de las comunidades, los gobiernos y las naciones para recuperarnos de los impactos, enfrentar las tendencias globales negativas y crear nuevos paradigmas para una cooperación más amplia“, apunta la Casa Blanca. EE.UU. asegura que la estrategia traza un “nuevo camino” que busca “extinguir la discordia potencial antes de que estalle”.

En la justificación de la iniciativa se afirma que el plan estará regido por varios principios, entre ellos:

• El trabajo en colaboración con los Gobiernos de esos países para prevenir conflictos, promover la resiliencia y el desarrollo económico. 
• El establecimiento de planes decenales de todo el Gobierno, “mutuamente determinados” para los países en conflicto, “más allá de las crisis urgentes”.
• La promoción de “herramientas y perspectivas” dentro de las instituciones de esos países, lo que incluiría la reformulación de sus sistemas judiciales.

En la práctica, la nueva estrategia de “enfoque multifacético” reeditará el viejo tutelaje institucional de EE.UU., en un contexto internacional volátil que deja a esos países sin mucho margen de maniobra. Para ello, el Congreso destinará hasta 200 millones de dólares al año.

“Esta estrategia establece un enfoque de todo el Gobierno para promover los intereses nacionales de EE.UU. en el escenario mundial. Esto significa aprovechar la amplia experiencia y los recursos que residen en todo nuestro Gobierno, perfeccionar y actualizar esas herramientas cuando sea necesario, aplicar con humildad las costosas y dolorosas lecciones del pasado y transformar la forma en que trabajamos entre nosotros”, precisa la Casa Blanca.

Este año ya se han asignado 125 millones de dólares para un Fondo de Prevención y Estabilización, que complementará los acuerdos de cooperación y asistencia que tiene Washington con esos países.

“Un socio confiable”

En medio del conflictivo escenario mundial, potenciado por la operación militar de Rusia en Ucrania, EE.UU. se propone abiertamente retomar su papel protagónico en zonas de gran inestabilidad para volver a verse como un “socio confiable”. Por motivos geográficos, el país más cercano a su área de influencia es Haití.

Pero no es la primera vez que Washington intenta intervenir en el país caribeño. Las incursiones militares en Puerto Príncipe en 1915, 1994 y 2004 son las participaciones más escandalosas, sin aludir a las formas más veladas de injerencia, como el otorgamiento de préstamos impagables a esa nación para que le resultara imposible zafarse de sus acreedores o la quiebra inducida a su industria de arroz a finales del siglo pasado, inundando el mercado con productos estadounidenses.

Por otro lado, cifras recientes de la USAID, reveladas el año pasado por The Guardian, demostraron que de los 2.300 millones que se tenían previstos para ayudar a Haití hasta 2019, más de la mitad acabó de vuelta en EE.UU. Es más, un informe del Center for Economic and Policy Research (CEPR) asevera que solo 0,6 % de los fondos se destinaron a organizaciones haitianas y 0,9 % finalmente se entregó al Gobierno de la isla.

Ese análisis aún no contemplaba la escalada que vivió Haití el año pasado, tras el magnicidio del presidente Jovenel Moïse en julio y el impacto del terremoto que se produjo un mes después. Ambos acontecimientos no solo agravaron la ya preocupante situación del país, sino que han consolidado el liderazgo de bandas criminales que controlan desde el flujo de gasolina hasta la entrada de ayuda humanitaria.

Además, al menos dos estadounidenses con doble nacionalidad estarían implicados en el asesinato de Moïse, perpetrado por un comando de mercenarios, la mayoría exmilitares provenientes del Ejército colombiano. Aunque varios está detenidos en Puerto Príncipe, los avances de la investigación son magros.

Después del sismo de agosto de 2021, la Casa Blanca emitió un comunicado en el que ratificó que EE.UU. seguía siendo “un amigo cercano y duradero del pueblo de Haití”. “Estaremos allí después de esta tragedia“, rezaba el texto. En los hechos, la estrategia puesta en marcha ahora por Biden confirma que en los planes de Washington no figura salir del país caribeño.

¿Difíciles lecciones?

El secretario de Estado, Antony Blinken, hizo hincapié la semana pasada en que el nuevo enfoque tendrá en cuenta “las difíciles lecciones aprendidas” en décadas anteriores. En adelante, según el Departamento de Estado, todas las instancias de Gobierno, desde las embajadas hasta los expertos técnicos en Washington, estarán volcados en planificar, ejecutar y monitorear el plan que “exige un cambio fundamental en la forma en que EE.UU. trabaja para prevenir conflictos a nivel mundial”.

La promesa es que ese personal trabaje con organizaciones de la sociedad civil de los países seleccionados, así como con empresas y funcionarios gubernamentales, para supuestamente contribuir al fortalecimiento institucional y social, y “mitigar la propagación de ideologías extremistas, enfrentar el impacto corrosivo de la desigualdad de género, cultivar una mayor confianza entre las fuerzas de seguridad y los ciudadanos, y protegerse contra la amenaza desestabilizadora del cambio climático”.

“EE.UU. puede y debe liderar este nuevo esfuerzo esencial para interrumpir posibles caminos hacia el conflicto, aliviar las amenazas antes de que se intensifiquen y lleguen a nuestras costas, y ayudar a salvaguardar la economía, la salud y la seguridad de nuestra nación para las generaciones venideras”, dijo Biden.

En ese “esfuerzo” de salvaguarda de sus propios intereses, el país más pobre de América Latina será uno de los elegidos para que el viejo hegemón pruebe su nueva estrategia.