Violencia policial: el intendente y el ex auxiliar fiscal de Apolinario Saravia “complican al comisario Mamaní”

El juicio contra el comisario Walter Omar Mamaní y otros cuatro efectivos policiales por violencia institucional en perjuicio de un joven de Apolinario Saravia se desarrolla en los tribunales de Metán y continuará el próximo 20 de abril. La querella, representada por los abogados Javier Latorre y Patricio Diez, señaló que hasta el momento fueron trascedentes los testimonios del intendente Marcelo Moisés y del ex auxiliar fiscal Sergio Dantur, éste último relevado de su cargo por el desempeño en este caso econtrándose imputado por incumplimiento a los deberes de funcionario público, aunque será juzgado por separado.

Los hechos que se juzgan se cometieron el 28 de junio de 2020 en Apolinario Saravia y el 2 de julio del mismo año en General Pizarro. Tuvieron como contexto el aislamiento social, preventivo y obligatorio por la pandemia de la covid-19 y las facultades extraordinarias otorgadas a la Policía mediante el decreto 255 en la provincia.

El juez encargado de dictar sentencia es Ramón Haddad, de la Sala II del Tribunal de Juicio de Metán. Mientras que el Ministerio Público Fiscal está representado por la fiscala del departamento Anta, María Celeste García Pisacic, y el por el fiscal de Rosario de la Frontera, Nicolás Rodríguez.

Mamaní se desempeñaba como comisario de la subcomisaría El Dorado, en la jurisdicción de Apolinario Saravia, y está siendo juzgado como autor de los delitos de abuso de armas agravado, privación ilegítima de la libertad, falsedad ideológica y vejaciones agravadas con fines de venganza.

Latorre dijo a Salta/12 que hasta el momento los testimonios del intendente de Apolinario Saravia y del exfiscal Dantur fueron los “más significativos” para la causa. Además del testimonio brindado por la madre de Luciano Diez, Iris Waidelich, quien relató en la primera jornada cómo fueron los hechos, mediante el análisis de cámaras del Centro Integrador Comunitario de Apolinario Saravia y las de su casa, con las que se logró aportar las pruebas fundamentales por las que los efectivos policiales están siendo juzgados.

“Cada testimonio va complicando la situación de los imputados pero sobre todo la de Mamaní”, aseguró el abogado.

El intendente “contó que cuando formaban parte del COEM (Comité Operativo de Emergencia Municipal) en la pandemia, integrado también por Iris y el comisario Mamaní, éste ya la había amenazado con hacerle denuncias a ella, por una cuestión que parecía sin importancia. Hay que remitirse a esa época, se trataba de que no ingresaran vehículos de otros lugares a Apolinario Saravia y el comisario estaba interesado en que ingresaran colectivos (con peones migrantes) a trabajar en (la empresa multinacional) La Moraleja”, explicó Latorre. En ese contexto, Waideleich, siendo dueña del canal de televisión local, cubrió las protestas de quienes se oponían al ingreso de los colectivos, y el comisario por ello “se ofuscó y le advirtió que la iba a denunciar”, explicó el letrado.

Además el intendente, según contó Latorre, dijo que se había enterado mediante vecinos que el comisario ya le había disparado sin motivos a otras personas, en el pueblo de Coronel Mollinedo, que es parte también del municipio de Apolinario Saravia.

“Después quedó claro, a través del testimonio del exauxiliar Dantur, que las dos veces que fue detenido Diez, Mamani dijo lo mismo: que iba a alta velocidad, que les tiró el auto encima a los efectivos y que podría estar bajo el uso de estupefacientes”, señaló Latorre. Respecto a esto último, el abogado dijo que fue lo que más llamó la atención porque en base a lo que dijo el mismo exauxiliar fiscal, consideran que Mamaní pretendía atribuirle al joven un delito “relacionado con drogas”.

Aunque Latorre consideró que en el proceso quedó en evidencia la amistad entre el ex auxiliar fiscal, el comisario y los otros policías: “A estas alturas empezaron con el sálvese quien pueda, a decir muchas verdades”, consideró.

Mamaní había detenido a Diez el 28 de junio en Apolinario Saravia, lo acusaba conducir a alta velocidad, y decía que lo quiso atropellar. Sin embargo, quedó evidenciado mediante un video que grabó la cámara del Centro Integador Comunitario que el joven conducía despacio y que él había sido la víctima de disparos por parte del comisario, quien antes de esto no había emitido ni una voz de alto. Diez fue liberado en esa oportunidad.

El 2 de julio el joven volvió a ser detenido por Mamaní cuando conducía su auto en General Pizarro, acusándolo de nuevo de ir alta velocidad, de estar bajo efecto de estupefacientes y de quererlo atropellar. Latorre contó que Dantur relató que en esa segunda oportunidad le dijo al comisario que no era procedente la detención porque había visto los videos de una cámara del municipio, y “cuando los coteja vio que había mentido el comisario”. En ese contexto, el exauxiliar fiscal declaró que “Mamani le dice que igual iba a retener el vehículo por violación del DNU (Decreto de Necesidad y Urgencia por la pandemia)”, explicó Latorre. Lo llamativo para el funcionario fue que el comisario le pedía “que le autorice la requisa cuando quede solo el vehículo”.

Latorre contó que Dantur aseguró que dio parte a la Fiscalía de Derechos Humanos de esa intención del comisario y que incluso le advirtió al abogado Patricio Diez que al entregar el vehículo lo dejaran cerrado, y que no le dieran la llave al comisario “porque era peligroso”, sin explicarle por qué. Con ese relato, para Latorre “queda la sensación de que había una intencionalidad de plantarle alguna sustancia en el vehículo. Afortunadamente Dantur no accedió”, manifestó.

“Esta implícito que Dantur sabía las intenciones de Mamaní, quizá no quiso que llegue a mayores y alertó a Patricio Diez pero no dijo más nada”, sostuvo el abogado.

Salta/12 consultó con el defensor del comisario y otros policías, Nicolás Vedia, pero no obtuvo respuestas.

“Puedo adelantar que vamos a pedir condena de prisión efectiva”, anticipó el abogado de la querella. Añadió que creen que Mamaní “tiene que tener una pena superior por el rango que ostentaba y porque fue el que estuvo a cargo, mintió sobre los hechos del video y elaboró falsos informes. En cuanto al resto depende de la declaración que efectúen”, adelantó.

También están siendo juzgados Juan Giménez, por abuso de armas agravado, privación ilegítima de la libertad, falsedad ideológica, vejaciones agravadas con fines de venganza y coacción; la sargenta Julia Antolina Díaz y el sargento Sergio Argañaraz, acusadxs por abuso de armas agravado, privación ilegítima de la libertad, falsedad ideológica, vejaciones agravadas con fines de venganza.

Mientras que el agente Franco Matías Vizgarra llegó a juicio imputado por privación ilegítima de la libertad y vejaciones agravadas con fines de venganza. Salta/12