IMPUTAN A UNA MUJER POR TRAMITAR DNI Y PASAPORTES CON LA IDENTIDAD DE PERSONAS FALLECIDAS
Se le atribuye haber tramitado seis documentos, incluyendo DNI y pasaportes, para dos clientes. En colaboración con un cómplice aún prófugo, operaban en el Registro Civil de Embarcación, al norte de la provincia. Por cada trámite, solicitaban entre 6 y 9 mil dólares.
La fiscal subrogante Paula Gallo, del área de Atención Inicial, ha intervenido en el caso de Salta en el cual se imputa a una mujer por la obtención ilegal de DNI y pasaportes utilizando la identidad de personas fallecidas. La acusada fue detenida después de que la fiscalía solicitara su captura.
La investigación, dirigida por el área de Atención Inicial de la Unidad Fiscal Salta, llevó a que el juez federal de Garantías de Orán, Gustavo Montoya, admitiera la imputación contra Mariela Barrientos por falsedad ideológica en seis hechos.
Barrientos fue detenida el 24 de octubre en la terminal de ómnibus de la ciudad, justo antes de abordar un autobús de larga distancia. La falta de arraigo y el riesgo de fuga llevaron a la fiscal a solicitar la prisión preventiva, que fue aceptada por el juez.
La detención se produjo tras una investigación iniciada en octubre del año pasado, a raíz de una denuncia de la Subsecretaría del Registro del Estado Civil y Capacidad de las personas de Salta. La denuncia reveló la presencia de un hombre, identificado como Juan Ramón Aparicio, quien llevaba a otras personas a realizar trámites identificatorios en la oficina de Embarcación.
La fiscal subrogante detalló que Aparicio, con pedido de captura vigente, no solo intervenía en el inicio de los trámites, sino que también monitoreaba cada uno y trató de retirar los documentos con las constancias del trámite.
La investigación reveló que Aparicio actuaba en complicidad con Barrientos, quien utilizaba la identidad de personas fallecidas para gestionar documentos. La fiscal explicó que la maniobra no fue detectada inicialmente debido a diferencias en el formato de registro entre los sistemas informáticos provinciales y nacionales.
La fiscalía presentó diversas pruebas, incluyendo conversaciones entre los acusados, chats con los clientes y comprobantes de pago. Dos clientes bolivianos que solicitaron los trámites irregulares fueron identificados, imputados y condenados en acuerdos de juicio abreviado homologados por el juez Montoya.
