Confirmaron la condena de 8 años de prisión a un ex jefe Policial: violó a una mujer delante de 20 policías en la dictadura
Este hecho, ocurrido en 1975, se enmarca dentro de los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura militar.
En un fallo histórico, la Cámara Federal de Casación Penal ratificó la condena a ocho años de prisión impuesta a Joaquín Guil, exdirector de Seguridad de la Policía de Salta, por abuso sexual agravado.
El 24 de abril de 1975, la víctima, hermana de un militante asesinado, se presentó en la Jefatura de Policía de Salta para retirar el cuerpo de su hermano. En ese contexto, fue abusada sexualmente por Guil, frente a la mirada indiferente de otros 20 policías.
Cabe mencionar que este abuso no fue un incidente aislado, sino parte de un plan sistemático de represión.
La sentencia inicial fue dictada el 4 de octubre por el Tribunal Oral Federal N°1 de Salta, integrado por los jueces Federico Santiago Díaz, Marta Liliana Snopek y Mario Marcelo Juárez Almaraz. La defensa de Guil impugnó el fallo, pero la Cámara de Casación, con los camaristas Gustavo Hornos, Javier Carbajo y Mariano Borinsky, desestimó los argumentos de la defensa, confirmando la condena.
El fiscal general Carlos Martín Amad y el fiscal ad hoc Juan Manuel Sivila demostraron que Guil, al igual que otros oficiales de la dictadura, actuó con impunidad, asegurando que los abusos eran una práctica sistemática y tolerada por las autoridades.
Los fiscales enfatizaron que la víctima fue obligada a desnudarse y fue abusada frente a otros policías, quiénes no hicieron nada por detener el delito.
El fallo destaca la gravedad del delito y la responsabilidad de Guil, subrayando que los abusos sexuales fueron una herramienta de represión y dominación durante el régimen militar. Los jueces reafirmaron que estos crímenes, cometidos en el marco de un ataque sistemático contra la población civil, constituyen delitos de lesa humanidad y deben ser sancionados de acuerdo a los compromisos internacionales de Argentina en materia de derechos humanos.
Este veredicto no solo reafirma la culpabilidad del exdirector, sino que también establece un precedente importante en la lucha contra la impunidad de los crímenes cometidos durante la dictadura cívico-militar.
