Según la denuncia presentada, el funcionario negó arbitrariamente el acceso a un expediente a la letrada, a pesar de que contaba con una orden judicial que legitimaba su intervención en la defensa de su cliente.
La Fiscalía Penal N°1 del Distrito Sur de Metán vuelve a estar en el ojo de la tormenta. El auxiliar fiscal Julio Brandán fue denunciado por la abogada María Octavia Albarracín ante la Procuración General de la Provincia de Salta por un grave episodio de violencia institucional, violencia de género de modalidad institucional, incumplimiento de deberes de funcionario público y abuso de autoridad.
Pero el hecho no quedó solo en la negativa: Brandán habría maltratado a la abogada, cerrándole la puerta en la cara y rozándola al salir de su oficina, según el relato de la denunciante y fuentes consultadas.
A raíz del violento episodio, la abogada terminó internada por una baja de presión en el Sanatorio Los Altos de Salta, dónde grabó un video contando lo sucedido.
”Viajé a Metán con mucho sacrificio, me tuvo esperando y sin ningún justificativo, y sin haber un secreto de sumario, el auxiliar fiscal se negó a darme el acceso al Legajo 1125 de mi representado que estaba en la Fiscalía a disposición”, manifestó la letrada.
Un Auxiliar Fiscal tirano, sin control, múltiples denuncias y una justicia que mira para otro lado
El accionar de Brandán no es un caso aislado. Distintas fuentes coinciden en que el funcionario ha sido señalado en reiteradas oportunidades por su prepotencia y mal desempeño.
Denuncias previas indican que su gestión está marcada por la inacción en causas graves, la obstaculización de procesos judiciales y el destrato tanto a abogados como a víctimas que buscan justicia. Lo cuál incurre presuntivamente en el delito de Incumplimiento de los deberes de Funcionario Público, por el retardo de Justicia, archivo de las causas que merecen ser investigadas y delitos que ameritan su intervención de oficio.
Incluso ciudadanos de El Galpón se comunicaron con InfoSalta para manifestar el maltrato institucional que sufrieron al denunciar varios hechos de violencia contra animales: “cierra las causas sin investigar, nos trata mal cuando exigimos que se nos explique porqué se archivan las causas, ese fiscal es un tirano”, aseguran a este medio.
La fiscalía que Brandán maneja casi en soledad lleva casi dos años sin su titular, Sergio Castellanos, quien, según fuentes judiciales, se encuentra de licencia prolongada por motivos de salud.
En este tiempo, Brandán se ha consolidado como la máxima autoridad de la dependencia, pero en lugar de garantizar el acceso a la justicia, parece haber convertido la fiscalía en un feudo personal donde él decide arbitrariamente qué expedientes avanzan y cuáles quedan en el olvido.
“Vi cómo Brandán maltrataba a un adulto mayor víctima de tentativa de homicidio que consultaba en Mesa Entrada, ante numerosos testigos, violando la Ley de Protección a las Víctimas art. 91 del Código Procesal Salteño. Este no es un hecho aislado”, agregó Albarracín.
Cargos clave ocupados por incompetentes con sueldos millonarios
La situación de la Fiscalía Penal N°1 de Metán pone en evidencia un problema mayor: la falta de control sobre funcionarios que ocupan cargos clave en el sistema judicial. Mientras ciudadanos y profesionales del derecho sufren las consecuencias de la ineficiencia y el abuso de poder, Brandán sigue en su puesto, manejando causas con total discrecionalidad y cobrando un salario altísimo del Estado.
Las preguntas que surgen son inevitables:
• ¿Cómo llegó Brandán a ocupar ese cargo?
• ¿Quién lo sostiene en su puesto a pesar de las denuncias en su contra?
• ¿Por qué la Procuración sigue permitiendo que maneje causas judiciales cuando su conducta pone en riesgo el acceso a la justicia?
La denuncia de Albarracín debería ser un punto de quiebre, un llamado de atención para que las autoridades de Procuración tomen medidas inmediatas.
La ciudadanía necesita fiscales que impartan justicia, no funcionarios que abusen de su poder y obstaculicen el debido proceso.