La Fiscalía de Violencia de Género de Orán ordenó su detención pero miembros de la comunidad impidieron el procedimiento. Organizaciones feministas e indígenas exigen la urgente detención.
Una gravísima denuncia por Abuso Sexual Infantil (ASI) sucedió en la comunidad indígena Mistolar 2, en el interior profundo de Santa Victoria Este.
La víctima es E. R., una niña de 9 años, según consta en la denuncia radicada por M. madre de la pequeña, posteriormente la menor fue examinada en el hospital de Orán, donde se constató clínicamente el abuso sexual.
El acusado es Víctor Arias, referente de la comunidad Mistolar 2, quien fue señalado directamente en la denuncia. La causa está en manos de la Fiscalía de Violencia de Género de esa localidad, que ordenó su inmediata detención.
Sin embargo, al intentar proceder con la aprehensión, los efectivos policiales se encontraron con resistencia por parte de miembros de la propia comunidad, quienes impidieron el accionar policial.
Ante esta situación, la Fiscalía solicitó el refuerzo policial y la intervención de Infantería, con el objetivo de garantizar el cumplimiento de la orden judicial y resguardar a la víctima y a su familia. Pero el acusado está escondido de la justicia.
Pronunciamiento de organizaciones feministas e indígenas
El hecho motivó un pronunciamiento urgente por parte de la Fundación GEMA y del colectivo Lxs Fierxs de Abya Yala, conformado por lesbianas antirracistas, antipatriarcales, anticolonialistas, antiimperialistas, antifascistas y antiextractivistas.
En el comunicado, titulado “¿Dónde juegan las niñeces en Salta?”, las organizaciones plantean que la realidad de muchas infancias en la provincia está marcada por la ausencia del Estado, la falta de acceso a derechos básicos y una estructura de violencia sistemática.
“El interior de Salta, donde no llega el agua potable, tampoco recibe políticas públicas que garanticen derechos”, advierten, señalando que las infancias en comunidades indígenas siguen siendo tratadas como vidas descartables, a pesar de la vigencia de leyes como la Ley 26.061 de Protección Integral y la Convención sobre los Derechos del Niño.
Una cadena de hechos violentos que no cesa
Las organizaciones recuerdan que este no es un hecho aislado. En las últimas semanas, otra niña fue apuñalada mientras intentaba defender a su madre de un intento de femicidio.
Según advierten, estos hechos son el resultado de un modelo político que desmantela políticas públicas, abandona los territorios más vulnerables y niega el enfoque de género y de derechos en sus intervenciones.
Frente a esta situación, Fundación GEMA y Lxs Fierxs de Abya Yala exigieron a los tres poderes del Estado —Ejecutivo, Legislativo y Judicial— que asuman su responsabilidad indelegable para garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes en todos los territorios de Salta.
Entre los principales reclamos, exigen:
• Presencia estatal real, eficiente y comprometida.
• Políticas públicas con enfoque de género, justicia social e interculturalidad.
• Acceso efectivo a salud, educación, justicia y protección integral.
• Programas de prevención de las violencias con fuerte trabajo en masculinidades no violentas.
• Fin del vaciamiento de políticas públicas en materia de género, diversidad y niñez a nivel provincial y nacional.
Críticas a UNICEF y a los discursos que niegan la realidad
El documento también expresa preocupación por recientes declaraciones de UNICEF Argentina, que afirmó que “1,7 millones de niños salieron de la pobreza”.
Las organizaciones advierten que esa afirmación no se condice con la realidad que viven las infancias en sus territorios, donde miles de niñas, niños y adolescentes siguen creciendo sin alimentos, sin educación, sin atención médica y sin protección contra las violencias.
Finalmente, el pronunciamiento remarca la necesidad de implementar políticas que trabajen en la construcción de nuevas masculinidades, como estrategia fundamental de prevención de la violencia de género.
En esa línea, sostienen que cualquier acción debe incorporar un enfoque intercultural, reconociendo las cosmovisiones y saberes de los pueblos originarios. “No hay prevención sin diálogo con las comunidades, sin reconocimiento del racismo estructural, y sin prácticas sostenidas en territorio”, afirman.
Sin prevención, no hay justicia
Las organizaciones cierran el comunicado con una frase contundente: “Las niñeces no se protegen con discursos, se defienden con derechos y acciones reales. Porque sin prevención, no hay justicia. Y sin justicia, no hay democracia”.
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