Ajuste de Milei deja 37 familias salteñas del INTA sin trabajo
Entre los alcanzados en el NOA se encuentran 30 técnicos, cinco contratados y dos becarios, cuya situación quedó en suspenso ante la falta de notificación formal.
El gobierno nacional avanzó con el pase a disponibilidad de más de 400 trabajadores del sistema científico y tecnológico, en el marco de una resolución firmada por el ministro de Economía, Luis Caputo, el pasado jueves 21 de agosto.
La medida afecta de manera directa a 37 empleados del Instituto de Investigación y Desarrollo Tecnológico para la Agricultura Familiar (IPAF NOA), con sede en Salta y Jujuy, y fue tomada pese a una cautelar judicial que prohibía cualquier avance sobre la planta del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).
La resolución 1240/25 se conoció una hora después de que el Senado rechazara por amplia mayoría el decreto 462/25, que habilitaba el desmantelamiento de organismos públicos.
El secretario general de la Asociación del Personal del INTA (Apinta), Mario Alberto Romero, denunció penalmente al ministro Caputo por desobediencia judicial, recordando que el Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo de San Martín había ordenado abstenerse de aplicar el decreto en cualquiera de sus formas.
La medida generó incertidumbre en las conducciones regionales y nacionales del INTA. Marcelo Echenique, director regional de Salta y Jujuy, señaló que atraviesan “un momento muy complejo” y “sin tener claro quién conduce el INTA”.
A nivel nacional, gremios y trabajadores resolvieron no notificarse de los pases a disponibilidad y avanzar en nuevas presentaciones judiciales.
Mientras tanto, los trabajadores del norte anunciaron que se sumarán a movilizaciones semanales y realizarán nuevas gestiones ante el Consejo Regional frente a lo que consideran una violación a la orden judicial vigente.
El recorte no solo afecta a las familias de los trabajadores. También interrumpe décadas de investigación aplicada al desarrollo productivo regional, junto a comunidades campesinas e indígenas.
En Abra Pampa, el INTA participó en la recuperación de cultivos andinos como quinua y papa, y en proyectos de manejo comunitario de vicuñas y llamas. En los Valles de Lerma, técnicos del organismo llevaron adelante programas de mejoramiento genético de legumbres y de acceso al agua en zonas rurales.
En varios pueblos del NOA, la presencia del INTA es el único vínculo directo con el Estado nacional. La interrupción de esos programas implica un retroceso en soberanía tecnológica y productiva, además de un vacío institucional en territorios donde las comunidades dependen de la asistencia técnica para sostener sus actividades económicas.
La decisión forma parte de una política de ajuste sobre organismos del sistema científico y tecnológico, que también alcanzó al CONICET, SENASA y Agricultura Familiar, bajo el argumento de “eficiencia” y “achicamiento del Estado”.
En el norte, esa lógica impacta directamente sobre la producción campesina e indígena. Según investigadores del IPAF NOA, la medida significa “condenar a miles de familias a la soledad productiva”.
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