Desmentida en vivo: Bullrich negó allanamientos a periodistas, pero leyeron su propia denuncia al aire

Durante la transmisión, la funcionaria negó que el escrito judicial incluyera pedidos de allanamientos a periodistas, pero el documento fue leído en vivo y expuso lo contrario.
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, atravesó un tenso momento en una entrevista televisiva en A24, donde intentó explicar la denuncia penal que su cartera presentó para frenar la difusión de audios vinculados a Karina Milei.
“Nosotros no hemos pedido nada. No, no, no”, sostuvo Bullrich frente al periodista Pablo Rossi, cuando fue consultada sobre la presentación firmada por el funcionario de Seguridad Fernando Soto.
Sin embargo, al exhibir el texto en el estudio, uno de los columnistas leyó que el Ministerio solicitó “allanamientos y secuestros en las oficinas y estudios de Carnaval Stream” y en los domicilios de Franco Bindi, Jorge Rial, Pablo Toviggino, Mauro Federico “y todo otro interviniente”.
A pesar de la lectura pública, la ministra insistió en que no se trataba de allanamientos sino de un pedido para “construir la prueba”, y agregó que la Justicia “puede decidir lo que quiera”.
También cuestionó el rol de Rial y Federico en la difusión de los audios: “Estos no son periodistas. El periodista tiene otra construcción. Hace años que defiendo la libertad de expresión. Estos no son periodistas”.
No obstante, en la propia denuncia que se tramita en el juzgado federal de Julián Ercolini se hace referencia explícita al “periodista Mauro Federico” y a “los periodistas” del canal de streaming “Carnaval”.
La denuncia oficial
El escrito de 20 páginas, presentado por el Ministerio de Seguridad, solicita medidas cautelares urgentes para “impedir la propagación de nuevas filtraciones ilícitas”, con la prohibición de difundir registros relacionados con el caso, bajo apercibimiento de desobediencia.
El documento fue difundido por el vocero presidencial, Manuel Adorni, quien aseguró que el Gobierno denunció “una operación de inteligencia ilegal con el fin de desestabilizar al país en plena campaña electoral”.
Según el texto, la maniobra habría consistido en la “captación clandestina, manipulación y difusión escalonada de audios privados manipulados” de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y otros funcionarios.
El Gobierno apunta contra Rial, Federico, Toviggino y Bindi, a quien describe como operador judicial vinculado al exdirector de la SIDE Fernando Pocino.
Además, la presentación oficial sostiene que las grabaciones podrían haberse realizado en la Casa Rosada y atribuye la maniobra a una operación extranjera con “patrones similares a intereses rusos y chavistas”.
Declaraciones radiales
En otra entrevista, en radio Rivadavia, Bullrich vinculó la filtración con posibles servicios de inteligencia, aunque admitió que no está identificado el responsable de las grabaciones. “Puede haber sido cualquier persona. No sabemos quién fue”, dijo, en respuesta a la consulta de si un funcionario podría haber registrado la reunión con un teléfono celular.
La denuncia, actualmente en manos del juez federal Julián Ercolini, busca impedir que nuevos audios salgan a la luz mientras la investigación avanza sobre lo que el Gobierno considera una “operación de desinformación y desestabilización”.
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