El pedido fue impulsado por la propia madre del abusador de la menor, en medio de un extenso conflicto familiar y judicial que se originó tras denuncias por violencia y abuso sexual.
El 17 de septiembre, un caso que expone posibles fallas institucionales y judiciales en Salta llegará a un punto crítico, Dulce, una niña víctima de abuso, y su madre podrían ser desalojadas de la vivienda donde siempre residieron.
La vivienda en disputa pertenece al Instituto Provincial de la Vivienda (IPV). Según consta en los antecedentes, fue adjudicada de forma irregular a la abuela de “Dulce”, quien poseería otras propiedades.
Durante ocho años, la madre de la niña abonó puntualmente las cuotas, informando la situación al organismo provincial. Sin embargo, por tráfico de influencias, la disputa se trasladó a la justicia ordinaria en lugar de resolverse dentro del IPV.
La respuesta oficial que recibió la madre, tras solicitar audiencias con autoridades, fue únicamente la posibilidad de inscribirse en un sorteo de viviendas, del cual nunca resultó beneficiada. También pidió acceder a una vivienda recuperada, pero le informaron que “no había ninguna disponible”.
El trasfondo judicial y las denuncias
El conflicto se profundizó cuando la madre de Dulce denunció por violencia a su expareja, hijo de la actual demandante. Luego, en 2023, ese hombre fue condenado a 12 años de prisión por abuso sexual gravemente ultrajante contra la niña y abuso sexual con acceso carnal contra su madre.
Desde entonces, las represalias habrían aumentado. La familia paterna inició múltiples causas judiciales contra la madre, sumando 17 procesos en su contra, incluyendo denuncias por impedimento de contacto y desobediencia judicial.
En paralelo, la Corte de Justicia de Salta y posteriormente la Corte Federal rechazaron los recursos presentados para evitar el desalojo. La madre de la niña no pudo continuar la apelación por falta de recursos económicos.
Audiencia clave
El próximo 10 de septiembre, la jueza de familia Inés Villanogues llevará adelante una audiencia en la que se debatirá el régimen de alimentos y el vínculo con los abuelos. En ese marco, se pedirá que la vivienda quede como parte de pago de la cuota alimentaria para garantizar el derecho habitacional de la menor. La abuela, en cambio, mantiene firme su pedido de desalojo.
Organismos como el IPV, Derechos Humanos y distintas dependencias del gobierno provincial han sido señalados por la madre de Dulce por falta de respuestas. Pese a insistentes pedidos, las audiencias con el gobernador fueron rechazadas en tres ocasiones.
Desde el programa Patrocinar —patrocinio gratuito para niñas, niños y adolescentes víctimas de abuso— se presentó un recurso de inconstitucionalidad, pero también fue rechazado. La Fiscalía, por su parte, indicó que no correspondía considerar a Dulce y a su madre como usurpadoras y que debía garantizarse la protección habitacional de la niña.
De acuerdo con los registros del caso, se trataría de una situación sin precedentes en el país, una abuela que solicita judicialmente el desalojo de su propia nieta, pese a estar demandada como responsable subsidiaria de la manutención.
La resolución de este conflicto definirá no solo la continuidad de Dulce y su madre en su hogar, sino también el alcance de la protección judicial frente a los derechos de la infancia y la violencia institucional denunciada.
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