El presidente Javier Milei retorna al país tras su gira por Estados Unidos con un fuerte respaldo político internacional, pero con un frente interno marcado por tensiones parlamentarias y desafíos de gobernabilidad.
Durante su estadía en Washington, Milei obtuvo gestos de apoyo del presidente Donald Trump y del secretario del Tesoro norteamericano, Scott Bessent. No obstante, la Casa Blanca fijó una condición clara: que el mandatario argentino demuestre capacidad de construir consensos en el Congreso para avanzar con reformas estructurales, entre ellas la laboral y la tributaria.
En la Cámara de Diputados, crece el acuerdo entre bloques opositores para impulsar la moción de censura contra el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, acusado de incumplir la Ley de Emergencia en Discapacidad. La sesión prevista para el miércoles también incluirá pedidos de interpelación a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y al funcionario Mario Lugones.
Además, distintos proyectos buscan limitar el uso de decretos de necesidad y urgencia, lo que podría restringir una de las principales herramientas del Ejecutivo.
En paralelo, el Senado prepara para el 2 de octubre una sesión en la que el oficialismo se encamina a sufrir dos derrotas relevantes: el rechazo definitivo a los vetos presidenciales a la Ley de Financiamiento Universitario y a la Ley Garrahan. Ambas iniciativas habían sido aprobadas con mayorías de dos tercios, reduciendo las posibilidades de que el Gobierno revierta la decisión.
El Ejecutivo busca contrarrestar la ofensiva parlamentaria con una nueva convocatoria al Consejo de Mayo, prevista para la próxima semana, en la que se presentará un paquete de reformas. Sin embargo, el rechazo opositor y el malestar de varios gobernadores anticipan un escenario adverso.
Milei retorna con respaldo internacional, pero las sesiones legislativas de los próximos días serán clave para definir la estabilidad política de su gestión. El tiempo ganado en Washington es limitado: el Congreso será el terreno donde se ponga a prueba la capacidad del Gobierno para sostener su agenda.
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