Perra muere atropellada y Fiscalía busca impedir que conductor vuelva manejar
La Fiscalía Penal de Rosario de Lerma solicitó la inhabilitación para conducir de un hombre de 78 años, acusado de haber atropellado intencionalmente a una perra mestiza en la localidad de Campo Quijano. El hecho, registrado en video y viralizado en redes sociales, generó repudio y movilización entre organizaciones protectoras de animales.
El fiscal penal Daniel Alejandro Escalante dictó el decreto de imputación contra el acusado por el delito de actos de crueldad hacia los animales, previsto en el Artículo 1 en función del Artículo 3 inciso 7 de la Ley 14.346.
La causa se originó el 7 de octubre de 2025, tras la denuncia de una mujer integrante de una organización independiente de protección animal de Campo Quijano. La denunciante aportó como prueba un video que muestra cómo un automóvil gris pasa deliberadamente por encima de una perra negra que descansaba sobre la calzada, sin que el conductor se detuviera o brindara asistencia.
El hecho ocurrió cerca de las 09:00 horas, en inmediaciones de Pasaje Yapeyú y calle 9 de Julio de esa localidad. Según la investigación realizada por el Grupo de Investigaciones Sector 82, el vehículo fue rápidamente identificado, y su conductor quedó plenamente individualizado en un informe técnico incorporado a la causa.
La médica veterinaria interviniente constató que el animal sufrió lesiones incompatibles con la vida, motivo por el cual se debió practicar la eutanasia para evitarle mayores sufrimientos.
En su resolución, el fiscal Escalante sostuvo que la conducta del acusado “constituye un acto de crueldad penalmente tipificado, al provocar intencionalmente un daño físico irreversible a un ser sintiente”. Además, subrayó la necesidad de aplicar la ley desde una visión moderna, reconociendo a los animales como sujetos de derecho capaces de sentir y sufrir, en línea con los estándares internacionales más recientes.
Atendiendo a la gravedad del hecho y la conducta temeraria del imputado, el fiscal solicitó al Juzgado de Garantías que se dicte como medida preventiva la inhabilitación para conducir vehículos, conforme al Artículo 230 del Código Procesal Penal, hasta tanto se determine su aptitud para la conducción.
La petición se fundamenta en el riesgo que el acusado representa para sí mismo, para terceros y para los animales, considerando su edad, su comportamiento y la falta total de empatía demostrada durante y después del hecho.
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