Corral Martín, la candidata a jueza denunciada por un presunto intento de despojo, desató la guerra por el poder en la justicia del sur salteño

La designación que expuso la trama más oscura del poder judicial metanense.

La postulación de Cecilia Corral Martín como jueza de Garantías del Distrito Judicial Sur reavivó viejas tensiones y destapó una red de denuncias familiares, corrupción, nepotismo y vínculos políticos que desde hace años dominan la justicia del sur salteño.

Concursos bajo sospecha, aspirantes apadrinadas por funcionarios, un juez sindicado de armar listas para un partido kirchnerista, y un sistema donde los lazos de amiguismo o familiares pesan más que los méritos, dejaron al descubierto una puja feroz por el control judicial y político en Metán.

El pasado 6 de noviembre, el Poder Ejecutivo provincial presentó el pliego de María Cecilia Corral Martín para ocupar el cargo de Jueza de Primera Instancia de Garantías N°1 del Distrito Judicial Sur – Metán.

El expediente fue remitido a la Comisión de Justicia, Acuerdos y Designaciones del Senado de Salta, que deberá evaluar los antecedentes de la candidata antes de emitir dictamen.

Pero la propuesta no pasó inadvertida. En los tribunales de Metán, la designación desató una interna feroz entre sectores judiciales y políticos y volvió a poner sobre la mesa los mecanismos de acomodo y favoritismo que desde hace años marcan las designaciones en la justicia salteña.

Una denuncia familiar ¿inhabilitará su designación?

Cecilia Corral Martín fue denunciada en febrero de 2024 en Rosario de la Frontera por su propio familiar, J. M. Corral, quien la acusó —junto a otras personas— de haber ingresado sin autorización a una finca familiar, la Finca Ojo de Agua, y retirar materiales del lugar durante su ausencia.

El denunciante, veterano de guerra y residente del inmueble, relató que “su hijo presenció el hecho, y solicitó formalmente la restitución de las llaves y el respeto a su posesión del inmueble”. El caso quedó registrado en la Comisaría N°1 de Rosario de la Frontera.

Aunque la causa se encuentra aún en investigación, la aparición del nombre de Corral Martín en una denuncia judicial generó incomodidad dentro del propio Poder Judicial, justo cuando su pliego es impulsado pese a no tener una calificación alta.

Concursos bajo sospecha y favoritismos políticos

El 20 de octubre, el Consejo de la Magistratura de Salta, encabezado por el juez Eduardo Barrionuevo y con la participación del diputado Sebastián Otero (PRS), realizó el concurso para cubrir la vacante de jueza de Garantías en Metán.

De los 17 postulantes, solo 11 llegaron a la entrevista final. Entre ellos se destacó la abogada Vanesa Herrando, secretaria del Juzgado de Garantías N°2 desde hace más de una década, quien obtuvo el puntaje más alto en el examen escrito.

Pese a eso, su nombre no fue elevado al Senado, lo que causó indignación en el ámbito judicial local.

Sin embargo, fuentes que se comunicaron con InfoSalta aseguran que “Herrando y varios familiares suyos ingresaron al Poder Judicial gracias a su parentesco con el médico Villa Nogués, ex ministro de Salud de la provincia”

Padrinazgos, un juez armador de listas kirchnerista y causas dormidas

Según información obtenida por InfoSalta, otra de las postulantes del concurso también estaría apadrinada por un juez de fuerte influencia política en el sur de la provincia, conocido por su estrecho vínculo con un legislador imputado en múltiples causas penales.

El magistrado, que llegó a intervenir en la confección de listas partidarias del Partido de la Victoria (PV) sin que eso afectara su cargo, es señalado por su capacidad para operar políticamente dentro del Poder Judicial junto a un grupo de jóvenes abogados y fiscales.

Tal es la devolución de gentilezas que el legislador aludido y su secretaria acusada de meter droga a la cárcel, mantienen expedientes judiciales sin avances visibles, lo que refuerza las sospechas de protección política y connivencia institucional.

La edad que incomoda, pero solo a veces

Además de la denuncia, en los pasillos judiciales también generó comentarios la edad de Corral Martín, de apenas 33 años.

Sin embargo, esa supuesta preocupación por la juventud y la falta de trayectoria no apareció cuando un juez del mismo distrito (yerno de un ex legislador peronista del sur) fue designado sin experiencia previa, gracias a su parentesco político.

En ese entonces, nadie objetó su edad ni su falta de antecedentes, lo que revela que las críticas no responden tanto a los méritos, sino a quién apadrina o impulsa cada candidatura.

“Molesta cuando los designados no responden al club político o judicial que maneja el sur”, confió a InfoSalta una alta fuente parlamentaria.

Un poder que se hereda

Apellidos que se repiten, concursos direccionados y sueldos que superan largamente la realidad económica del sur provincial. La justicia metanense vuelve a quedar expuesta como un círculo cerrado de poder, integrado por familiares, amigos y operadores políticos.

Reconocidos apellidos todos dentro del Poder Judicial que van desde los populares Gramaglia hasta los López se entrecruzan en una estructura donde la meritocracia parece una excepción.

“Esto no es nuevo, es una pelea entre ellos”, señaló una fuente legislativa a InfoSalta. “Son los mismos nombres, las mismas familias y los mismos intereses. Mientras tanto, los problemas de la gente común siguen sin respuesta”.

Mientras el Senado provincial define si aprueba o no el pliego de Cecilia Corral Martín, en Metán se intensifica una guerra de poder entre los clanes judiciales y políticos que buscan mantener el control del sur salteño, lejos de la transparencia y de la justicia que la sociedad reclama.

📌 Publicado por Diario InfoSalta