En la presentación ingresada ante el Senado denuncian que la postulada para ser jueza de Garantías en Metán, habría intervenido irregularmente en causas donde su padre tenía intereses económicos, retirado expedientes que luego desaparecieron, y usado su cargo público para favorecer maniobras familiares. La objeción revela, además, vínculos, amistades y presiones que vuelven a exhibir el histórico pantano de corrupción, favores y silencios que reina en la Justicia del sur salteño.
Este 19 de noviembre ingresó formalmente a la Cámara de Senadores una objeción de pliego presentada por José Manuel Corral —tío de la postulante— que describe, con documentos anexos, una serie de hechos gravísimos que comprometerían la conducta administrativa, ética y legal de María Cecilia Corral Martín, propuesta para ocupar el Juzgado de Garantías Nº1 de Metán.
La objeción detalla desaparición de expedientes enteros, retiro irregular de causas, conflictos de interés, violencia familiar, traslado irregular de inmuebles, y un supuesto abuso de influencias dentro del Poder Judicial del sur salteño, que sería el mismo modus operandi que vienen haciendo algunos jueces y legisladores de Metán.
La presentación exige abiertamente al Senado que rechace su designación. Sin embargo, según fuentes cercanas al Senado aseguran que un juez junto a un legislador por Metán estarían operando para que Corral MartÍn no sea designada.
La documentación indica que la joven abogada habría intervenido —sin ser parte— en causas donde su padre tenía intereses patrimoniales sobre dos inmuebles rurales, conocidos como “Ojo de Agua”, valuados en cifras importantes.
Entre los puntos más graves expuestos:
1. Desaparición “dolosa” de expedientes completos
El denunciante afirma que la postulante retiró del juzgado el expediente de la sucesión familiar (Expte. 03.348/91) y el de una prescripción adquisitiva (Expte. 17.848/14), ambos con documentos clave, incluyendo un “Acuerdo Transaccional” certificado donde el padre de la postulante se comprometía a transferir los inmuebles a la sucesión familiar.
Según lo que asegura el abogado patrocinante: “Ambos expedientes nunca volvieron al tribunal”.
Incluso, en uno de los cuerpos del expediente figura —según el denunciante— una manifestación de la propia postulante admitiendo que “un gestor lo perdió”.
2. Abuso de poder como funcionaria penal
La objeción asegura que Corral Martín habría dado órdenes a policías y desplegado maniobras usando su cargo en la Defensoría Penal para presionar a familiares, pese a no tener ninguna legitimidad en los procesos.
3. Influencias dentro del Ministerio Público Fiscal
El denunciante señala que un fiscal pidió medidas contra él, para luego inhibirse por tener relación íntima con familiares directos de la postulante.
Otro punto que molesta al legislador y a su amigo el juez: la edad y el doble estándar del sistema judicial salteño
La objeción y las voces que circulan en Tribunales coinciden en algo: “también molesta que Corral Martín tenga apenas 33 años”.
Sin embargo —como bien señalan operadores locales— la edad nunca fue un problema cuando un juez del sur salteño fue nombrado gracias a su parentesco directo con un influyente ex legislador peronista y armador político.
Ahí nadie habló de juventud, méritos ni ética: el parentesco bastó.
Hoy, sí incomoda.
Pero según la denuncia, no molesta la edad, sino para quién responde cada designado.
Este nuevo documento expone con brutal claridad algo que en el sur salteño es vox populi:
• favores cruzados,
• amigos fiscales,
• jueces apadrinados,
• designaciones digitadas,
• expedientes que desaparecen,
• causas “dormidas” según el apellido,
• y una guerra de poder que define quién controla qué dentro de la estructura judicial.
Pero esta vez, la trama toca directamente un concurso para juez de Garantías. Y eso vuelve todo más explosivo.
La pelota queda ahora en el campo de la Comisión de Justicia del Senado, donde el clima ya está tenso. ¿Se animará el Senado a aprobar a una candidata bajo este nivel de sospecha documentada?
📌 Publicado por Diario InfoSalta
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