“Murió bajo custodia y nadie fue apartado”: reclaman justicia por Fernanda Arias y cuestionan el accionar policial

A un mes de la muerte de Fernanda Daniela Arias, una mujer trans de 34 años que falleció bajo custodia policial en la Comisaría N° 2 de Rosario de Lerma, organizaciones de la diversidad sexual y de derechos humanos reclamaron el apartamiento inmediato de los efectivos involucrados, el acceso a registros oficiales y la aplicación de protocolos internacionales en la investigación.

El reclamo fue formalizado el viernes 26 de diciembre, durante una reunión extraordinaria de la Mesa de la Diversidad, realizada en el Polo Integral de las Mujeres de Salta. El encuentro fue convocado exclusivamente para abordar el caso y contó con la participación de representantes de la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Justicia y organizaciones del colectivo LGBTIQ+.

Tras la reunión, se consensuó una nota dirigida al secretario de Seguridad de la provincia, Nicolás Avellaneda, firmada por todas las organizaciones presentes. En el documento se exigió el apartamiento preventivo de los policías que intervinieron en la detención y custodia, la apertura de sumarios administrativos y la aplicación del Protocolo de Minnesota, que establece estándares internacionales para la investigación de muertes ocurridas bajo custodia estatal.

Según la versión oficial, Arias se habría quitado la vida dentro de su celda. Sin embargo, las organizaciones sostienen que los elementos reunidos hasta el momento indican que el caso debe investigarse como Muerte en Custodia por Omisión de Deberes de Cuidado o Femicidio Institucional. Entre los puntos señalados, mencionaron el informe toxicológico, que registró 3,47 gramos de alcohol por litro de sangre, un nivel que (según explicaron) compromete severamente la motricidad fina y la coordinación necesarias para realizar la maniobra de ahorcamiento descripta.

También se expuso un contexto previo de hostigamiento, con testimonios que dan cuenta de situaciones de acoso policial y conflictos recientes de la víctima con personas vinculadas a la fuerza. Las organizaciones señalaron que la detención “no parece un hecho azaroso de patrullaje preventivo”.

Otro de los ejes centrales del reclamo apunta a que la policía habría actuado simultáneamente como aprehensora, custodio e instructora de la causa, al redactar actas y recolectar los primeros testimonios. Según indicaron, este esquema afecta la objetividad de la investigación. Además, denunciaron que el foco del expediente estuvo puesto en la vida personal de la víctima y no en el procedimiento policial.

El pliego de pedidos incluye que la Policía de Salta sea apartada de toda tarea investigativa, que se deleguen las pericias en una fuerza federal o en el Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) con peritos de parte, y que se intervenga la comisaría, con auditorías sobre protocolos de detención. También solicitaron el resguardo y entrega de registros de cámaras de seguridad y comunicaciones oficiales, así como el cruce de llamadas del teléfono de la víctima.

En diálogo, referentes de las organizaciones expresaron su preocupación por la construcción del expediente y señalaron que todos los policías continúan trabajando en la dependencia. “Lo que sabemos es que todos los policías siguen aún trabajando en esa comisaría y exigimos justicia”, remarcaron.

De acuerdo al expediente judicial, Fernanda Arias fue detenida a las 20:15 y falleció alrededor de las 22:15, apenas dos horas después de haber ingresado a la comisaría. La autopsia fue realizada por un médico forense del CIF y el procedimiento quedó registrado en video, aunque la familia aún no tuvo acceso a ese material y solicitó un perito de parte.

Las hermanas de Fernanda, Gladys y Daniela Arias, están representadas legalmente y buscan constituirse como querellantes en una causa que, hasta el momento, continúa caratulada como “muerte dudosa” y no registra imputados.

Las organizaciones firmantes reiteraron su acompañamiento a la familia y solicitaron medidas urgentes para garantizar una investigación independiente. También reclamaron estadísticas oficiales sobre violencia institucional hacia la comunidad travesti-trans y capacitación específica para el personal policial.

El caso sigue bajo investigación judicial, mientras crecen los reclamos públicos por verdad, esclarecimiento y responsabilidades en una muerte ocurrida bajo custodia del Estado.

Fuente: Salta/12