Tras audios y denuncias, el Gobierno disuelve la Agencia de Discapacidad

El Gobierno nacional resolvió disolver la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y traspasar todas sus funciones al Ministerio de Salud, en medio del escándalo generado por la filtración de audios que comprometen al exfuncionario Diego Spagnuolo y que derivaron en denuncias por presuntas irregularidades y cobro de coimas.

La decisión fue anunciada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien aclaró que la medida no implicará recortes en las prestaciones ni la eliminación de pensiones destinadas a personas con discapacidad. Según señalaron fuentes oficiales, la disolución del organismo era una posibilidad que se venía analizando desde que comenzaron a detectarse inconsistencias administrativas en su funcionamiento.

“La Agencia Nacional de Discapacidad, tal como la conocemos, dejará de existir y sus funciones serán absorbidas por el Ministerio de Salud”, afirmó Adorni durante una conferencia de prensa. El funcionario recordó que la ANDIS fue creada en 2017 como un organismo descentralizado y sostuvo que, con el paso del tiempo, acumuló “capas burocráticas, descontrol administrativo y manejos incompatibles con una política transparente”.

Desde el Gobierno detallaron que las auditorías internas detectaron diversas irregularidades, entre ellas el cobro de pensiones por parte de familiares de personas fallecidas, la entrega de beneficios sin documentación respaldatoria, certificados médicos sin sustento clínico y organizaciones que facturaban servicios que no se prestaban. En ese contexto, Adorni mencionó el caso de la Fundación METAS como uno de los ejemplos bajo análisis.

El jefe de Gabinete indicó que el traspaso de competencias al Ministerio de Salud permitirá avanzar hacia una administración más transparente, con auditorías permanentes y criterios sanitarios unificados. Además, confirmó que se eliminarán 16 cargos políticos, lo que representa una reducción del 45,7% en la estructura jerárquica del área.

Desde el Ejecutivo reiteraron que el objetivo de la medida es reorganizar el sistema de atención y control, garantizando la continuidad de las políticas públicas destinadas a las personas con discapacidad bajo una nueva estructura administrativa.

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