Hospitales públicos al límite, obras sociales adeudan hasta $150 mil millones

El sistema de salud pública de Salta enfrenta una presión financiera sin precedentes. Las obras sociales y empresas de medicina prepaga mantienen una deuda acumulada que oscila entre los 110 mil y los 150 mil millones de pesos por prestaciones realizadas en hospitales públicos, según datos oficiales del Ministerio de Salud.

La situación fue confirmada por el ministro de Salud Pública, Federico Mangione, quien anunció que la Provincia avanzará por la vía judicial para recuperar los fondos adeudados. La decisión se da tras la reglamentación de una ley que habilita al Estado provincial a facturar, intimar y ejecutar legalmente el cobro de las prestaciones brindadas a afiliados con cobertura médica.

De acuerdo con lo explicado por el funcionario, el déficit del sistema sanitario tiene un carácter estructural y se vio agravado en los últimos años por un aumento sostenido de pacientes con obra social que recurren a hospitales públicos. Según cifras oficiales, la atención de afiliados creció un 70%, una demanda que impacta directamente sobre un presupuesto pensado originalmente para personas sin cobertura.

“El presupuesto de Salud está diseñado para quienes no tienen obra social, pero hoy estamos utilizando medicamentos, prótesis, insumos y recursos humanos para pacientes cuyos tratamientos deberían ser cubiertos por sus entidades”, señaló Mangione en declaraciones radiales. El ministro advirtió que esta dinámica “deja sin recursos al sistema y lo vuelve insostenible”.

El peso de la deuda resulta significativo si se lo compara con el presupuesto total del área. El gasto anual en Salud ronda los 370 mil millones de pesos, por lo que las obligaciones impagas representan cerca de la mitad de ese monto. “Estamos hablando de cifras que comprometen seriamente el funcionamiento del sistema público”, precisó el titular de la cartera sanitaria.

Con la normativa ya reglamentada, el Ministerio de Salud cuenta ahora con herramientas legales para avanzar contra las entidades deudoras. El procedimiento incluye la facturación formal de las prestaciones, la intimación de pago y, en caso de incumplimiento, acciones judiciales que podrían derivar en embargos.

Desde la cartera sanitaria aclararon que estas medidas no afectarán a los pacientes. Las personas atendidas en hospitales públicos no deberán abonar ningún costo adicional, ya que la deuda recae exclusivamente sobre las obras sociales y prepagas responsables de la cobertura.

El escenario expone una tensión creciente entre el sistema público y los financiadores privados de la salud, en un contexto donde la demanda asistencial continúa en aumento y los recursos disponibles resultan cada vez más limitados.

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