Milei avanza en el Congreso con reforma laboral y baja de imputabilidad, arranca una semana clave

El Congreso de la Nación se prepara para una semana decisiva en la agenda legislativa del Gobierno. A partir de este martes comenzará el armado formal de las comisiones parlamentarias que deberán analizar dos de las iniciativas más relevantes impulsadas por la administración de Javier Milei durante el período de sesiones extraordinarias: la reforma laboral y la Ley Penal Juvenil, que plantea bajar la edad de imputabilidad.

Luego de haber quedado fuera del debate durante gran parte del año pasado, el Proyecto de Modernización Laboral retomará su recorrido parlamentario en 2025 y lo hará con inicio en el Senado de la Nación. Según el cronograma previsto, el debate formal comenzará el 11 de febrero, una vez que queden constituidas las comisiones correspondientes.

En este contexto, La Libertad Avanza atraviesa una etapa clave de negociaciones políticas para garantizar el avance de ambos proyectos. El oficialismo busca sumar apoyos de los bloques considerados dialoguistas, como el PRO, la Unión Cívica Radical (UCR) y la Coalición Cívica (CC), incluso luego de las reuniones mantenidas en los últimos meses entre el ministro del Interior, Diego Santilli, y distintos gobernadores.

La iniciativa de reforma laboral propone una revisión integral del esquema vigente. Entre los puntos centrales se incluyen cambios en el sistema de indemnizaciones, la creación de un Fondo de Cese Laboral mediante convenios colectivos y una reducción de las contribuciones patronales, con el objetivo de incentivar la contratación formal.

El proyecto incorpora además la figura del “Colaborador Independiente”, bajo un régimen que no establece una relación de dependencia tradicional, y la implementación de un Banco de Horas, un mecanismo de flexibilidad laboral que permitiría compensar horas trabajadas en exceso con jornadas posteriores, en lugar del pago de horas extras.

Desde el movimiento sindical, la reacción fue inmediata. Las centrales obreras expresaron su rechazo a la iniciativa, al considerar que no promueve la creación de empleo y que implica una pérdida de derechos laborales. En ese marco, anunciaron movilizaciones frente al Congreso desde este martes, coincidiendo con el inicio del tratamiento legislativo.

En paralelo, el oficialismo impulsa la Ley Penal Juvenil, que propone reducir la edad de imputabilidad de 16 a 13 años. El proyecto establece un régimen especial para menores, con foco en medidas socioeducativas y penas alternativas, y elimina la posibilidad de aplicar reclusión perpetua, fijando un máximo de 20 años de condena.

El texto contempla que adolescentes de 14 años o más que cometan delitos graves puedan recibir sanciones similares a las de los adultos, con penas que podrían superar los 15 años, aunque sin cumplirlas en cárceles comunes. Para delitos con penas menores a tres años (o de hasta diez años cuando no exista violencia grave) se priorizan respuestas de carácter social y educativo, como la libertad asistida o tareas comunitarias.

Desde La Libertad Avanza sostienen que la iniciativa busca cerrar la denominada “puerta giratoria” del sistema penal y dar respuesta a delitos cometidos por menores de 16 años que, bajo la legislación vigente, no reciben condena penal.

Con comisiones en marcha, negociaciones políticas abiertas y protestas anunciadas, el Congreso vuelve a convertirse en el escenario central de una agenda que promete intensos debates en las próximas semanas.

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