El Senado debatió exámenes toxicológicos obligatorios y nuevos jueces para la Corte

El Senado provincial llevó adelante una sesión especial para tratar iniciativas vinculadas al funcionamiento institucional y al esquema de control dentro del Estado. La convocatoria se realizó en el marco del artículo 145 de la Constitución Provincial y contempla el análisis de decretos ingresados a fines de enero y mediados de febrero.

Uno de los ejes centrales del debate es el Decreto N° 32/26, que establece la obligatoriedad de exámenes toxicológicos para todos los funcionarios de los tres poderes del Estado, tanto para asumir como para continuar en sus cargos. La medida alcanza a integrantes del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

Según el texto del decreto, el objetivo es reforzar los estándares de transparencia y fortalecer la confianza pública en las instituciones. Durante la sesión, los senadores analizan los aspectos técnicos de su implementación y el alcance que tendría en la estructura estatal.

Designaciones en la Corte de Justicia

En el mismo encuentro legislativo también se aborda el Decreto N° 77/26, que incluye los pliegos para la designación de Martín Ignacio Plaza y Jorge Martín Diez Villa como jueces de la Corte de Justicia provincial. El tratamiento del acuerdo legislativo es un paso requerido para completar el proceso de nombramiento.

Los decretos en discusión (N° 32/26, 33/26 y 77/26) fueron remitidos al Senado los días 30 de enero y 18 de febrero del corriente año.

Desde la Cámara alta señalaron que la sesión especial permite avanzar en temas considerados prioritarios para el fortalecimiento institucional y el normal funcionamiento de los poderes del Estado. Durante la jornada se debaten tanto los fundamentos jurídicos de las medidas como su impacto institucional.

Con esta sesión, el Senado interviene en decisiones vinculadas al control de los funcionarios públicos y a la integración del máximo tribunal provincial, en un contexto donde la agenda legislativa se concentra en cuestiones estructurales para la administración de justicia.

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