Tras una sesión marcada por tensión y protestas, el Senado dio media sanción a los cambios en la Ley de Glaciares

En una jornada extensa y atravesada por fuertes cruces, el Senado de la Nación otorgó media sanción a la modificación de la Ley 26.639, norma que regula la protección de glaciares y del ambiente periglacial en el país.

La votación en general resultó con 40 votos afirmativos, 31 negativos y una abstención, luego de más de cuatro horas de debate en el recinto. El proyecto deberá ahora ser tratado por la Cámara de Diputados.

La iniciativa contó con el respaldo de legisladores de La Libertad Avanza, junto a aliados de la Unión Cívica Radical, el PRO, bloques provinciales y representantes del peronismo vinculados a provincias con actividad minera, entre ellos el sanjuanino Sergio Uñac y la catamarqueña Lucía Corpacci.

Una vez aprobada en general, comenzó el debate en particular, donde se incluyeron modificaciones que, según se informó en el recinto, habrían sido acordadas previamente. De acuerdo con el sitio Parlamentario, desde el bloque que conduce José Mayans manifestaron su sorpresa al advertir cambios en el texto que (señalaron) no habían sido mencionados durante las exposiciones informantes y que fueron conocidos a través de un documento distribuido durante la sesión.

La jornada legislativa comenzó temprano con la detención de 12 activistas de Greenpeace, quienes ingresaron a las escalinatas del Congreso en señal de protesta contra la iniciativa impulsada por el Poder Ejecutivo.

Los principales cambios

El proyecto introduce modificaciones sobre la Ley 26.639, redefiniendo el artículo 1° para precisar que la protección alcanza a los glaciares y geoformas del ambiente periglacial que cumplan funciones hídricas, ya sea como reservas estratégicas o como proveedores de agua para la recarga de cuencas.

Asimismo, incorpora una pauta interpretativa que subordina la aplicación de la norma al principio constitucional de uso racional de los recursos naturales establecido en el artículo 41 de la Constitución Nacional.

Entre los puntos centrales, se establece el principio precautorio: todo glaciar o geoforma incluido en el Inventario Nacional de Glaciares será considerado protegido hasta que la autoridad ambiental competente determine que no cumple funciones hídricas. Esa verificación quedará bajo la órbita de cada provincia, que deberá remitir la información al IANIGLA para la actualización del inventario.

También se modifican las prohibiciones, que se aplicarán únicamente sobre los glaciares y geoformas identificados como portadores de funciones hídricas por las autoridades locales. Se mantienen entre las actividades no permitidas la explotación minera e hidrocarburífera, la instalación de industrias y la realización de obras que alteren de manera relevante la condición natural del glaciar o su función hídrica.

El texto faculta a las provincias a determinar, mediante evaluación de impacto ambiental, si un proyecto genera una alteración relevante y, por lo tanto, no puede ser autorizado. Además, exige evaluación de impacto ambiental previa para toda actividad proyectada en glaciares o ambiente periglacial y contempla evaluaciones estratégicas cuando la magnitud lo requiera. Solo quedan exceptuadas actividades de rescate, investigaciones científicas no invasivas y prácticas deportivas no motorizadas.

Por último, redefine el rol del IANIGLA, que continuará a cargo del Inventario Nacional de Glaciares, aunque con un esquema de actualización permanente basado en la información remitida por las provincias. Desde el Gobierno se señaló que, a quince años de la sanción de la ley, solo se completó el nivel 1 del inventario y que aún resta determinar la función hídrica efectiva de muchas geoformas relevadas.

Con el tema ahora en manos de Diputados, el debate sobre el alcance de la protección de los glaciares y el equilibrio entre desarrollo productivo y resguardo ambiental continuará en el Congreso.

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