Hace varios años que varias mujeres vienen llevando a cabo una lucha contra efectivos y personal de la Policía de Santa Cruz, en donde se los acusa de violadores, abusadores, acosadores, violentos y hasta de partícipes en redes de trata de personas, entre otras maniobras oscuras.
En diálogo con NOVA, una de las que encabeza esta serie de denuncias, la licenciada en Nutrición Gabriela Macías, integrante de la fuerza policial, ventiló una serie de acciones de persecución y violencia que sufre desde hace dos años, cuando le tocó tener consigna policial por una causa de violencia de género y por denunciar una violación de un policía a una nena de 11 años. “Lo que se busca es expulsarme de la fuerza por ser hoy militante dentro de organizaciones feministas que luchan contra violencia y la trata”.
Macías indicó que “mi rol y mi llegada a medios molesta y hace que todo el aparato policial, compuesto en un 99 por ciento de hombres su cúpula, busque someterme, acosarme y buscar cualquier cosa para que yo esté como las demás mujeres policías y porque apuntándome a mí como referente dentro de la fuerza, muchas no se van a animar y callarán”.
La valentía y el coraje que tuvo la profesional de ponerse al frente de algo tan serio como denigrante dentro de la fuerza, llevaron a que hoy “sea víctima de repetidas sanciones”.
Puntualmente, sobre esas “sanciones” que recibió, enumeró que tuvo tres sumarios por lo menos: “Por denunciar que la consigna policial asignada por violencia de género no estaba; por irme a Buenos Aires y salir en C5N y en A24 denunciado el accionar policial que en ese entonces me había desnudado en una comisaría para acreditar mis lesiones sin la presencia de femeninos. Otro de los sumarios fue por ir a acompañar en una marcha a una mamá que un policía le había violado a su hija y que actualmente sigue trabajando sin sumario alguno. También me sumariaron por ir a Jefatura junto a una ONG a pedir Justicia”.
Además, agregó: “Me arrestaron 10 días por subir un video criticando al jefe de Policía, por dejar a un violador impune. Me encerraron en un cuarto -cual época de desaparecidos- todo un equipo de allí a querer que firme mi baja, y como me negué me pasaron a otro cuarto donde la jefa Marilena Hernández pretendía que firme una declaración donde al leerla veo que era ´una declaración de enfermedad´, cuando jamás había sido sometida a junta médica por ellos, pero abusando de mi estado post torturas a las que me habían sometido creyeron que firmaría sin mirar, sabían que solo con algo así podían expulsarme. No firmé, pero me torturaron más horas. Soporté, hasta que un psiquiatra frenó todo el procedimiento y rompió todos los tests de suicidio que me estaban queriendo hacer. Luego llegó un familiar, logré salir y denuncié todo en Derechos Humanos”.
Y continuó: “Fue gracias al secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietregalla, que intervino y frenó un poco la violencia. Luego, llegó la intervención del secretario de Seguridad, que quería afectarme a trabajar adentro de una penitenciaria donde se encontraban presos los asesinos de una joven trans que yo venía acompañando a la familia y repudiando. Parecía que me querían arrojar a la jaula de los leones”.
Y agregó: “Me negué a ir a una cárcel donde estaría cara a cara con los asesinos que yo pedía perpetua. En ese momento el secretario Lisandro de la Torre me dijo ‘¿lo tuyo es un problema moral?’ Le dije ‘si, no voy a ir’. Y me respondió que no tenía otro lugar para asignarme. por lo que quedaría a disponibilidad”.
Meses después, el 25 de noviembre de 2016, “me llega una cédula donde el jefe de Policía José Luis Cortes le pide a la gobernadora que firme mi expulsión de la fuerza por mala conducta. Tuve que contratar un abogado, Miguel Soto, quien presentó recursos para defenderme, uno de estos por la retención ilegal que habían hecho de mi sueldo durante 3 meses sin que yo hubiese sido cesanteada. Finalmente se cayeron todos los sumarios, por estar llevados adelante sin pruebas y sin haber permitido defensa alguna, quedando de esta forma sin efecto mi expulsión de la Policía de Santa Cruz”.
“Pienso que como mujer y como feminista, haberles ganado esto que era ni más ni menos que la defensa de mi fuente laboral, a la cúpula policial machista y misógina no le gustó, sin duda subestimaron la fuerza de las organizaciones feministas que rápidamente salieron a respaldar y articular con organizaciones de otras provincias para pedir el cese de tanta violencia institucional contra una mujer. Sin embargo, hoy continúan hostigando, no dejan que dé un paso sin ponerme algún castigo”, reflejó.
Ya en noviembre de este año “tuve que pedir atender pacientes en otra oficina porque en la que estaba me dejaban preservativos usados sobre el escritorio y vello púbico. Una forma más de mostrar que hacen lo que quieren con nosotras las mujeres. Los cuatro policias que cometieron este hecho gozan de impunidad y no tienen sumario”.
Actualmente, “me negué a firmar una sanción que me quieren imponer. Según el jefe: ‘No es nada, es solo un castigo porque discutiste en Casa Santa Cruz de Buenos Aires, pidiendo un turno y sos policía, no podes discutir’. Esta última sanción que intentan imponer es indignante porque es cierto que discutí, pero estaba de civil y en un viaje con un grupo de pacientes con cáncer con los cuales trabajo como voluntaria. Estuve de intermediario, discutí para sacar un turno que negaban a dar y por el maltrato que daban a pacientes con cáncer. ¿Y me castigan? Si se llega a confirmar la sanción, estaríamos hablando de una fuerte persecución contra mí por parte del jefe de Policía, y sin duda tendré que recurrir a organismos de Derechos Humanos e iniciar un juicio para frenar toda esta violencia”, finalizó Gabriela Macías.
Fuente: Agencia Nova
