El proyecto de ley, presentado por diversos diputados oficialistas, ha despertado fuertes críticas, ya que se considera que atenta contra garantías constitucionales y significa una nueva embestida contra la libertad de expresión, esencia misma de la democracia.
En un preocupante paso hacia la restricción de las libertades democráticas y la libertad de expresión, la Cámara de Diputados de Salta aprobó recientemente un proyecto de ley que modifica el Código Contravencional de la provincia. Esta modificación incluye un artículo que podría permitir encarcelar a periodistas y cualquier ciudadano que difunda información considerada falsa.
El proyecto de ley, presentado por diversos diputados oficialistas, ha despertado fuertes críticas, ya que se considera que atenta contra garantías constitucionales y coloca en riesgo la esencia misma de la democracia.
El artículo que ha generado mayor controversia es el número 50, el cual establece sanciones de hasta veinticinco (25) días de arresto o multa por el mero hecho de crear o difundir noticias falsas dentro del espectro digital, con el supuesto propósito de infundir pánico, desacreditar personas o autoridades oficiales, o generar desórdenes o tumultos.
La ambigüedad de este artículo resulta preocupante, pues deja abierto a interpretaciones subjetivas el concepto de «desacreditación». ¿Quién decidirá qué constituye una desacreditación? ¿Qué criterios se utilizarán para determinar la veracidad o falsedad de una información? Estas preguntas plantean serias dudas acerca de cómo se aplicaría la ley en la práctica y si podría ser utilizada como una herramienta para coartar la libertad de expresión.
La diputada capitalina Sofía Sierra ha señalado con firmeza que el concepto de «desacreditar a personas o autoridades oficiales» es completamente inconstitucional. Asimismo, advierte que esta medida resulta peligrosa para la democracia, ya que va en contra de los estándares fundamentales de libertad de expresión.
Es necesario recordar que este no es el primer intento del oficialismo provincial de restringir la libertad de expresión. Anteriormente, se suprimió el tramo de manifestaciones en las sesiones de la Cámara de Diputados, y se impusieron limitaciones notorias durante los últimos años y medio. Además, se otorgaron fueros a ministros y funcionarios del Poder Ejecutivo, lo cual ha sido cuestionado por diversos sectores al equiparar a estos funcionarios con aquellos que han sido elegidos por el pueblo mediante el sufragio.
Resulta evidente que esta medida busca acallar a la prensa y limitar la capacidad de los ciudadanos para cuestionar y fiscalizar a las autoridades. La libertad de prensa es un pilar fundamental de la democracia, y cualquier intento de restringirla pone en riesgo la pluralidad de opiniones y el derecho de los ciudadanos a estar informados.
Ahora corresponde que el proyecto sea analizado en la Cámara de Senadores. Si bien algunos esperan que el senador capitalino Emiliano Durand, abogado y periodista, tenga una intervención determinante en este asunto, su histórica escasa labor parlamentaria no genera muchas expectativas en este sentido.
No podemos ignorar los rumores que sugieren que desde ciertos sectores se ha presionado a la Legislatura para aprobar esta ley con la intención de disciplinar a la prensa de cara a las próximas elecciones. Es vital que los legisladores actúen con responsabilidad y defiendan la democracia y la libertad de expresión, fundamentos irrenunciables de nuestro sistema político.
En conclusión, la aprobación de este proyecto de ley representa un nuevo golpe a la libertad de expresión en Salta. Es fundamental que la sociedad esté alerta ante medidas que amenacen los pilares de nuestra democracia y que se exija el respeto irrestricto a la Constitución Nacional, la cual garantiza el derecho a expresarse libremente y a recibir información veraz. La prensa libre y crítica es esencial para una sociedad informada y empoderada, y no debemos permitir que se menoscabe su papel en nuestra sociedad.
