La legisladora por Rosario de Lerma, realizó una acusación legal por ser víctima de agresiones de tipo psicológico, simbólico y político por parte de un periodista capitalino.
Leonor Minetti, acompañada por la abogada y ex jueza Sandra Bonari y el abogado Facundo Ramos Minetti, presentó una denuncia formal ante el Juzgado de Violencia Familiar y de Género de 3ª Nominación, solicitando medidas de protección.
Minetti sostuvo que estas agresiones, dirigidas específicamente “hacia ella por su rol de mujer en la política, no solo afectan su labor como senadora sino que también buscan deslegitimar su figura pública”.
La funcionaria afirma ser víctima de violencia psicológica, simbólica y política en el ámbito público y mediático. Además la denunciante sostiene que “estos actos de violencia han tenido un impacto negativo en su vida personal y profesional, llevándola a solicitar medidas de protección”.
La mujer expone en el escrito que los ataques han sido constantes y que, además de ser una situación de violencia de género, representan una vulneración a sus derechos políticos.
Medidas Judiciales
El juez ordenó una serie de medidas provisionales para proteger a Minetti. Entre ellas, se ha intimado al comunicador y al propietario de la emisora, a abstenerse de realizar comentarios estereotipados y discriminatorios que afecten a Minetti y a las mujeres en general.
También se les exigió que realicen una capacitación en cuestiones de género, con plazos específicos para presentar constancia de cumplimiento.
Además, se dispuso un informe psicológico para la víctima y el periodista, y se ordenó al Observatorio de Violencia Contra las Mujeres de Salta la creación de un programa de capacitación para todo el personal de la emisora, en cumplimiento con la normativa vigente.
Estas medidas destacan la gravedad del caso en un contexto de creciente violencia de género en el ámbito público y político en la provincia.
El marco legal: una protección integral contra la violencia política
La denuncia se apoya en un marco normativo amplio y sólido, que incluye tanto leyes nacionales como convenios internacionales de derechos humanos. En Argentina, la Ley N.º 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres establece la violencia pública-política como una forma específica de violencia de género.
Esta normativa reconoce la violencia simbólica, mediática y política como mecanismos que buscan menoscabar la participación de las mujeres en la vida pública, especialmente en roles políticos.
A nivel internacional, tanto la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) como la Convención de Belém do Pará establecen la necesidad de garantizar una vida libre de violencia para las mujeres, destacando que es responsabilidad del Estado promover políticas de prevención y sanción en casos de violencia política.
Violencia política y mediática: un fenómeno en crecimiento
El caso de Minetti pone en evidencia cómo la violencia de género no solo afecta a mujeres en el ámbito privado, sino también en el espacio público y mediático. Desde la CEDAW, se ha subrayado la importancia de entender la violencia de género como un fenómeno estructural que opera en diferentes niveles, incluyendo el mediático, donde los estereotipos de género y la exposición pública afectan a las mujeres de manera desproporcionada.
El Comité de Expertas de la MESECVI, el mecanismo de seguimiento de la Convención de Belém do Pará, ha destacado que la violencia contra las mujeres en la vida política busca disciplinar y desincentivar su participación pública, un fenómeno que ha llevado a la creación de la Ley Modelo Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en la Vida Política. Esta ley establece que toda mujer tiene derecho a una vida política libre de violencia, protegiendo su derecho a ocupar cargos públicos y a ejercerlos sin ser objeto de violencia de género.
La audiencia y los próximos pasos
En respuesta a la denuncia, el Juzgado ha fijado una audiencia para el 5 de noviembre de 2024, en la que el comunicador deberá presentarse para dar su versión de los hechos.
