Un ingeniero del INTA Metán mató al volante a su madre y a un joven, sigue manejando: Denunciaron al Fiscal ante la Procuración por beneficiar al asesino

Aunque murieron dos personas y hubo dos heridos graves, este hombre fue sobreseído por las “lesiones” pese a pericias del CIF. La familia del joven y su abogado apuntan al fiscal y al juez, pidieron su apartamiento, solicitaron auditoría a la Procuración y cuestionan que el imputado continúe habilitado para conducir. El juicio por el homicidio aún no se realizó.
La decisión de sobreseer al ingeniero del INTA Metán y ex candidato a concejal Gustavo Chavarri por el delito de “lesiones graves” en el siniestro vial ocurrido en Río Piedras, el 3 de enero de 2024 generó un fuerte malestar en la familia de una de las víctimas y reavivó las sospechas sobre la actuación de la Fiscalía y del Juez Mario Dilascio.
Chavarri continúa en libertad, sin restricciones y con su licencia de conducir vigente, a pesar de que en el hecho murieron dos personas: Nahuel Bernardi, de 33 años, y la propia madre del conductor.
El sobreseimiento se dictó pese a los informes médicos, la historia clínica de los heridos y las conclusiones del CIF, que acreditan lesiones graves, incluyendo una fractura de cráneo y otra en el pie de dos de los lesionados oriundos de Jujuy. El fiscal pidió aplicar un “criterio de oportunidad” argumentando que los querellantes desistieron de continuar, aunque se trata de un delito de acción pública. Para las familias, la decisión fue “prematura” y dirigida a favorecer al imputado.
Florencia Pérez, pareja de Nahuel, sostuvo ante InfoSalta que la resolución profundiza la sensación de desamparo: “Fueron evidentes las medidas dilatorias de la misma fiscalía para que la defensa busque un acuerdo económico con las victimas de lesiones”, señaló.
También confirmó que solicitaron el apartamiento del fiscal y presentaron un pedido formal a la Procuración para que audite su desempeño.
Pérez indicó: “Me parece que apelando a la lógica y sensibilidad en este caso hablamos de dos victimado fatales y dos personas con lesiones graves. A pesar de nuestro dolor pensamos en cómo esta persona durante todo el proceso fue un riesgo a toda la población estando al volante”.
Asimismo la mujer sostuvo: “Hay mucho dolor detrás de un proceso largo, que no obtuvo ni siquiera un mínimo gesto humano del acusado. Quiero creer en la justicia, pero esta resultando lenta y obstaculizadora hasta el momento y nos da la sensación que la justicia metanense nos quiere desgastar”.
Y añadió: “No hablamos de un acusado más, sino de un hombre que tuvo vinculaciones políticas, por eso creemos que la justicia debe esforzarse más para garantizar la imparcialidad que debe existir siempre como principio rector”.
Por su parte, el abogado Pablo Del Pino, representante la familia de Nahuel, también habló con InfoSalta y cuestionó la actuación fiscal. Aseguró que en junio de 2024 la causa estaba en condiciones de ser elevada a juicio, pero que el fiscal habría demorado los avances mientras se negociaban acuerdos con algunos querellantes. “No hay atenuantes. Esto es un beneficio claro para alguien con vínculos políticos y muy reconocido en Metán”, afirmó.
Según explicó, el fiscal calificó las lesiones como “leves” para habilitar el criterio de oportunidad, pese a que las pruebas médicas de dos de los sobrevivientes indicaban lo contrario; uno con fractura de cráneo y otro con fractura de pie.
Del Pino agregó que existen irregularidades en el manejo del expediente y que pidieron a la Procuración que se investigue el trabajo del fiscal.
“Cuando intentamos participar de la audiencia de recusación, el fiscal no se presentó. Son inconductas procesales que pueden afectar a cualquier víctima de un siniestro vial en Metán”, señaló a InfoSalta.
La familia insiste en que la causa acumula demoras injustificadas y que la Justicia no actuó con la diligencia que el caso requería. “Dos años sin juicio, dos años sin duelo, dos años de dolor. Y el responsable sigue manejando. Ni siquiera pidió perdón”, expresó Florencia.
El expediente continúa bajo revisión de la Procuración mientras avanza la apelación al sobreseimiento. Las víctimas esperan que se audite la actuación de Gómez Amado y que la Justicia salteña reevalúe una decisión que consideran irregular y contraria a sus derechos.
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