En medio de objeciones impulsadas por un sector político-judicial que se enriqueció en el Poder Judicial del sur salteño, filtraciones de documentación interna y operaciones sobre expedientes presuntamente “desaparecidos”, el caso que involucra a la abogada postulada para reemplazar al juez Mario Teseyra adquirió una dimensión institucional gravísima. Documentación oficial confirma que todos los cuerpos del expediente existen y fueron presentados por la propia postulante como prueba, contradiciendo el eje de la objeción. La Procuración detectó movimientos irregulares en Metán y decidió trasladar la causa a la capital para garantizar transparencia y preservar la investigación. El legislador, un magistrado del distrito sur y un ex funcionario de Urtubey, según fuentes legislativas, “buscarían instalar un escenario adverso para la postulante y promover a una candidata vinculada a esa red de corrupción judicial”.
La disputa por el cargo de Juez del Juzgado de Garantías que dejó vacante el juez Mario Teseyra —quien además incorporó a una de sus hijas al Poder Judicial que también formaría parte de la mencionada red— abrió una serie de movimientos internos que mantienen en vilo al Poder Judicial salteño. La abogada María Cecilia Corral Martín, fue seleccionada entre las ternas elevadas por el Consejo de la Magistratura. Su pliego llegó al Senado para revisión, pero su análisis quedó atravesado por una objeción formal que reactivó tensiones previas en el distrito.
Según fuentes legislativas y judiciales que se comunicaron con InfoSalta “detrás de esa objeción se ubicarían operadores vinculados a Vanesa Herrando, actual secretaria del cuestionado juez Dilascio y una de las concursantes que también aspiraba a ese juzgado y quien respondería a un circuito de influencia encabezado por el juez del departamento, señalado históricamente por su rol en el armado de listas kirchneristas”.
Ademas sostienen que “ese sector habría impulsado gestiones internas para obstaculizar el avance del pliego”.
La presentación ante el Senado se funda en denuncias por un presunto “intento de despojo” y por la supuesta desaparición de un expediente vinculado a un conflicto familiar. Sin embargo, la propia documentación incorporada por Corral Martín —incluyendo constancias oficiales— acredita que todos los cuerpos del expediente existen, y que fueron aportados por ella al proceso legislativo.
Por otra parte, en una entrevista pública, José Corral, el tío denunciante afirmó que “nunca fue contestado el amparo” que presentó en el conflicto familiar, pero la documentación judicial contradice de manera directa esa versión. La Cédula de Notificación Electrónica emitida por la Corte de Justicia de Salta en la causa “Corral, José Manuel contra Corral, Juan Carlos por amparo” (CJS–896284/24) confirma que el Tribunal sí dictó resolución: declaró su incompetencia para entender en la acción, intimó al actor para que indique el juez de primera instancia ante quien optaba continuar el trámite y ordenó registrar y notificar la decisión. La resolución lleva la firma digital de la presidenta de la Corte, Dra. Teresa Ovejero Cornejo, y demás jueces del alto tribunal, lo que prueba que el amparo fue efectivamente tramitado y respondido, desmintiendo uno de los núcleos centrales de la objeción contra la postulante.
La Procuración intervino y retiró el expediente de Metán
La tensión escaló cuando la Procuración General detectó maniobras internas en el distrito y dispuso que la causa fuera remitida de inmediato a la Capital salteña. Según fuentes del Ministerio Público, la medida buscó garantizar transparencia, preservar la cadena de custodia y evitar interferencias por parte de la red local que opera desde hace años en el sur provincial.
El fiscal Gonzalo Gómez Amado fue convocado con carácter obligatorio para presentar la documentación vinculada a la investigación, con instrucciones de dejar que el caso sea investigado en la capital salteña.
Tras la citación formal de la Procuración, comenzaron a circular en medios de Metán detalles del expediente y documentos internos vinculados al caso. Es necesario mencionar que la divulgación podría implicar una vulneración de la reserva en un contexto donde la postulante se encuentra sometida a evaluación institucional.
Movimientos simultáneos y un clima de presión
De acuerdo con fuentes legislativas y judiciales, un senador del departamento, un juez del distrito, un abogado y un ex ministro de la gestión Urtubey habrían articulado una serie de acciones para condicionar el avance del pliego de Corral Martín, utilizando como eje la causa familiar iniciada por su tío.
Según las mismas fuentes, “la tensión se profundizó al punto de anticiparse internamente la posibilidad de una imputación, cuyo contenido habría comenzado a circular en medios incluso antes de ser formalizada”.
El informe del juez Álvarez y el recorrido del expediente
El juez Humberto Álvarez respondió al fiscal Gómez Amado (antes que sea apartado del caso) respecto de la actuación de prevención N°51/25, detallando los movimientos del expediente: archivo en 2019, préstamo en febrero de 2024. El expediente refiere a hechos de los años 90 sobre fracciones de terreno en Rosario de la Frontera.
Un proceso de evaluación bajo máxima tensión
La abogada respondió formalmente la objeción presentada ante el Senado en un escenario donde convergen tensiones institucionales, intereses contrapuestos y movimientos que legisladores describen como “operaciones internas”.
Los actores involucrados interpretan que la disputa supera la competencia del concurso y se vincula a la puja por el control del mapa judicial del sur salteño, históricamente atravesado por la influencia del llamado “PJ judicial”.
Un caso testigo para la institucionalidad salteña
Con la Procuración interviniendo, la documentación desmintiendo la existencia de expedientes desaparecidos y nuevas evidencias que contradicen los argumentos del denunciante, el caso se transformó en un punto crítico para las garantías de transparencia en el proceso de selección judicial.
Para diversos actores institucionales, la atención se centra en determinar si la joven abogada, alejada de las estructuras corruptas de poder, enfrenta un proceso de lawfare judicial orientado a impedir su designación en el Juzgado de Garantías del sur salteño.
📌 Publicado por Diario InfoSalta
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