Salta: la Justicia evalúa una reparación millonaria para las alumnas víctimas de una red de trata

La investigación judicial que expuso una red de trata y explotación sexual de alumnas de colegios secundarios en la provincia de Salta continúa en etapa de instrucción y todavía no tiene fecha de elevación a juicio. Sin embargo, en las últimas semanas surgió un dato clave: la Justicia analiza la posibilidad de solicitar una reparación económica millonaria para las víctimas, como parte de un resarcimiento integral por los daños padecidos.

Fuentes judiciales confirmaron que el expediente aún se encuentra en plena recolección y análisis de pruebas, un proceso considerado central para avanzar con las imputaciones y sostener la acusación en un futuro debate oral. Hasta el momento, son ocho las personas imputadas en la causa: seis de ellas permanecen detenidas con prisión preventiva y otras dos cumplen arresto domiciliario.

En paralelo, la situación de un noveno involucrado, menor de edad y compañero de algunas de las víctimas, continúa bajo evaluación judicial. De acuerdo con fuentes del caso, se analiza la posibilidad de que haya actuado también como víctima dentro del entramado de explotación, lo que podría derivar en su sobreseimiento.

La investigación incluyó la realización de la mayoría de las cámaras Gesell a las víctimas, un paso clave para evitar su revictimización y resguardar sus testimonios. Además, los peritos judiciales continúan examinando teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos secuestrados durante los allanamientos. En ese material, los investigadores habrían hallado elementos considerados relevantes para reforzar la hipótesis acusatoria.

Una vez concluida la etapa de instrucción, el Ministerio Público Fiscal deberá formular la acusación formal, instancia que habilitará la elevación de la causa a juicio. Será en ese momento cuando se prevé solicitar una reparación económica destinada a las víctimas, en el marco de lo que se conoce como reparación integral del daño.

Según la información recabada en el expediente, el monto del resarcimiento sería millonario. La cifra se definiría teniendo en cuenta que hay más de una decena de víctimas y que el análisis no se limita al perjuicio inmediato, sino que incluye el impacto a futuro en su desarrollo personal, emocional y en sus proyectos de vida.

Con el objetivo de garantizar el eventual pago de esa reparación, la Justicia ya dispuso la inhibición general de bienes de los imputados, una medida preventiva que busca asegurar que los responsables cuenten con recursos para afrontar el resarcimiento en caso de ser condenados.

La causa, que generó un fuerte impacto social en la provincia, avanza con el foco puesto en el esclarecimiento de los hechos y en la protección de las víctimas, en un proceso judicial que aún tiene etapas decisivas por delante.

📌 Seguínos en nuestras redes sociales!