Polémica en Cancillería: Adjudican contrato por más de $114 millones a la esposa de Sturzenegger y se desata controversia

La adjudicación de un contrato por $114.044.133 en el ámbito de la Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto generó repercusiones tras conocerse que la beneficiaria es la esposa del ministro Federico Sturzenegger.
Según la información oficial difundida, el contrato fue otorgado a la directora ejecutiva de la Asociación Argentina de Cultura Inglesa para brindar capacitación en idioma inglés al personal del Instituto del Servicio Exterior de la Nación.
El dato adquiere relevancia debido a que el dominio avanzado del idioma inglés constituye uno de los requisitos excluyentes para ingresar al ISEN. De acuerdo con la propia página web de la Cancillería, los aspirantes deben acreditar conocimientos mediante certificaciones internacionales como el First Certificate of English, Certificate in Advanced English o Certificate of Proficiency in English del sistema Cambridge, así como también certificados TOEFL (con un mínimo de 550 puntos en la versión PBT o 79 en IBT), IELTS (puntaje mínimo de 6.0), CILE nivel 4 o 5 emitido por la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, o CUI-ING nivel B2 de la Facultad de Agronomía de la UBA.
La contratación se conoció públicamente en un contexto de fuerte exposición del ministro Sturzenegger, quien días atrás había defendido públicamente el capítulo de la reforma laboral que habilita a los empleadores a abonar hasta un 50% menos del salario cuando un trabajador se encuentre enfermo, según lo estipulado en la iniciativa.
Hasta el momento, no se difundieron detalles adicionales sobre el procedimiento administrativo que derivó en la adjudicación ni sobre la modalidad específica del servicio contratado. Tampoco trascendieron impugnaciones formales en sede judicial.
El caso se suma al debate público en torno a los criterios de contratación en el Estado y la transparencia de los procesos administrativos. Mientras tanto, la documentación oficial del expediente y las condiciones del acuerdo continúan bajo análisis en distintos ámbitos políticos y administrativos.
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