Amplían la denuncia contra Manuel Adorni por una presunta casa no declarada en un country exclusivo

En un nuevo capítulo judicial que suma tensión en el escenario político, la diputada nacional Marcela Pagano amplió en las últimas horas la denuncia penal contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por presunto enriquecimiento ilícito.

La presentación fue realizada ante el Juzgado Federal N° 1 en el marco del expediente CFP 1003/2026, donde ya se investigan posibles irregularidades en el patrimonio del funcionario. Según el comunicado difundido por la legisladora, la ampliación incorpora nuevos elementos vinculados a la supuesta existencia de una vivienda no declarada en un country de alta gama.

La propiedad señalada se encontraría en el Country Indio Cuá Golf Club, ubicado en Exaltación de la Cruz, sobre la Ruta 6. Se trata, de acuerdo a los datos aportados, de una casa de dos plantas, de tonalidad gris verdosa, situada a pocos metros del hoyo 17 del campo de golf.

De acuerdo con la denuncia, el inmueble no figura en ninguna de las declaraciones juradas patrimoniales presentadas por Adorni ante la Oficina Anticorrupción. Este punto es central en la investigación, ya que podría constituir una omisión relevante en la información obligatoria para funcionarios públicos.

La legisladora sostuvo que la ampliación se basa en testimonios de múltiples fuentes que indican que Adorni y su pareja, Bettina Angeletti, habrían construido la vivienda en ese predio. Además, según los datos recopilados, las expensas correspondientes al lote 380 del country habrían comenzado a figurar a nombre de Angeletti, lo que podría sugerir un vínculo de titularidad o posesión no informado oficialmente.

En su última declaración jurada pública, correspondiente al ejercicio 2024 y presentada en agosto de 2025, Adorni declaró únicamente dos propiedades: el 50% de un departamento en la Ciudad de Buenos Aires y otro inmueble en La Plata del cual posee el 100%. No se registran bienes en countries ni en el distrito mencionado.

El valor estimado de las viviendas en ese desarrollo residencial oscila entre los 129.000 y 249.000 dólares, según portales inmobiliarios, lo que también forma parte del análisis sobre la capacidad económica del funcionario.

La presentación judicial también pone el foco en otros gastos que están bajo análisis, como viajes aéreos de alto costo y consumos con tarjeta de crédito. Según el escrito, estos movimientos podrían no guardar relación con los ingresos declarados, cuyos ahorros en moneda extranjera se habrían mantenido sin variaciones en los últimos dos años.

En cuanto a las posibles implicancias legales, la denuncia menciona figuras como enriquecimiento ilícito de funcionario público, falsedad ideológica de documento público, incumplimiento de deberes y violación de la Ley de Ética en el Ejercicio de la Función Pública.

En ese marco, Pagano solicitó diversas medidas de prueba, entre ellas informes al Registro de la Propiedad Inmueble bonaerense, a la administración del country, a la municipalidad local, a organismos fiscales y financieros, y a la Unidad de Información Financiera. También pidió una inspección ocular en el lugar, declaraciones testimoniales de vecinos y eventuales medidas cautelares sobre los bienes del funcionario y su cónyuge.

La causa se suma a una denuncia previa impulsada por la misma diputada, en la que se señalaba la falta de presentación de la declaración jurada correspondiente al ejercicio 2025, pese a las obligaciones que impone su cargo.

Mientras la Justicia comienza a analizar las nuevas pruebas, el caso avanza en una etapa clave, con medidas que podrían definir el rumbo de la investigación en las próximas semanas.

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