“Genocidio silencioso”: Denuncian penalmente a Milei y funcionarios por la situación en discapacidad

Un grupo de familiares de personas con discapacidad presentó una denuncia penal contra altas autoridades del Gobierno nacional, en una causa que ya quedó radicada en el fuero federal. La acción judicial alcanza al presidente Javier Milei, al ministro de Salud Mario Lugones, al ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) Diego Spagnuolo y al secretario del área Alejandro Vilches.

La causa, identificada como CFP 1624/2026, se tramita en el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 5, a cargo de la jueza María Eugenia Capuchetti. La presentación fue patrocinada por el abogado Javier Garín e incluye acusaciones por presunto incumplimiento de deberes de funcionario público, abandono de persona y abuso de poder.

Según el escrito, los denunciantes sostienen que existe un deterioro en la cobertura de prestaciones vinculadas a tratamientos, medicamentos y asistencia integral. Plantean que las dificultades en el acceso a servicios y la discontinuidad en las terapias impactan de manera directa en la salud de las personas alcanzadas por estos programas.

En paralelo, se menciona el envío al Senado de un proyecto del Poder Ejecutivo que propone derogar la normativa de emergencia en discapacidad. De acuerdo con la denuncia, esta iniciativa podría modificar el esquema vigente de prestaciones y requisitos de acceso, lo que generó preocupación entre familias y organizaciones del sector.

Entre los puntos señalados en la presentación judicial figuran la situación del programa Incluir Salud, las condiciones de acceso a pensiones y la continuidad de auditorías sobre beneficiarios. Los denunciantes advierten que estos factores podrían incidir en la estabilidad de instituciones y en la cobertura de servicios especializados.

Además, sostienen que la interrupción de tratamientos farmacológicos y de rehabilitación podría tener consecuencias en la salud de quienes dependen de estas prestaciones, especialmente en casos que requieren seguimiento permanente.

La causa se encuentra en etapa inicial y será la Justicia federal la encargada de determinar si corresponde avanzar en la investigación de los hechos denunciados. Mientras tanto, los impulsores de la acción convocaron a otras familias a sumarse a la presentación para ampliar el alcance del reclamo.

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