A diez años del Instituto Nacional del Cáncer, persisten las deudas que afectan a miles de pacientes

El cáncer continúa siendo la segunda causa de muerte en Argentina, solo detrás de las enfermedades cardiovasculares. En ese contexto, se cumplen diez años de la sanción de la Ley 27.285, que estableció la creación del Instituto Nacional del Cáncer (INC), un organismo que años después dejó de existir como entidad independiente y fue convertido en una unidad organizativa dentro del Ministerio de Salud de la Nación.

La transformación se concretó el año pasado, cuando el Gobierno nacional dispuso la disolución del instituto y trasladó sus funciones a la Dirección Nacional del Cáncer (DNC), que actualmente depende de la cartera sanitaria. A una década de la creación del INC, especialistas consultados coinciden en que el organismo podía ser mejorado, pero advierten que su eliminación no solucionó las dificultades estructurales vinculadas con la atención de la enfermedad.

El médico sanitarista Mario Glanc explicó que, al justificar la decisión, el Ministerio de Salud señaló que el INC tenía estructuras y funciones que se superponían con otras áreas, además de cuestionar su eficiencia y su capacidad para obtener mejores condiciones en la adquisición de medicamentos.

Para Glanc, esos aspectos podían ser revisados y modificados sin necesidad de eliminar la institución. El especialista sostuvo que existían cuestiones para corregir, pero diferenció entre realizar una reforma para resolver problemas y directamente eliminar el organismo.

Actualmente, la coordinación de las políticas nacionales relacionadas con el cáncer quedó bajo la órbita de la Dirección Nacional del Cáncer.

Durante sus años de funcionamiento, el Instituto Nacional del Cáncer tuvo participación en distintas áreas vinculadas con la prevención, la investigación, la capacitación y la planificación sanitaria.

Alejandra Iglesias, referente de la Asociación Civil Sostén, recordó que una de las iniciativas desarrolladas durante ese período fue el primer Plan Nacional de Control del Cáncer, cuya elaboración incluyó a organizaciones de pacientes y que tuvo una vigencia de cinco años.

Según Iglesias, desde entonces no existe un nuevo plan nacional y tampoco está prevista, por el momento, una nueva elaboración de ese tipo.

La especialista también señaló que el INC tuvo participación en el impulso de la ley de oncopediatría y en el seguimiento de su cumplimiento. En materia de medicamentos, aclaró que el instituto no era el encargado de entregar directamente los tratamientos a los pacientes, una función que tampoco corresponde actualmente a la Dirección Nacional del Cáncer.

Glanc explicó que el organismo intervenía en programas de provisión de medicamentos oncológicos administrados por el Ministerio de Salud, además de participar en tareas de vigilancia epidemiológica y en la elaboración de guías, protocolos y recomendaciones.

También tenía entre sus áreas de trabajo la investigación, la formación de profesionales, la capacitación y las acciones de prevención.

Para el médico sanitarista Rubén Torres, el INC tenía la posibilidad de desarrollar un papel estratégico en tres áreas que considera centrales para abordar la enfermedad a nivel nacional.

Una de ellas era la centralización de información. Entre los objetivos originales figuraba reunir y sistematizar datos sobre el impacto del cáncer en Argentina, una herramienta necesaria para conocer la dimensión de la enfermedad y planificar políticas sanitarias.

Otro punto estaba relacionado con la compra de medicamentos oncológicos. Torres planteó que una estructura nacional podía concentrar la demanda y mejorar la capacidad de negociación frente a los laboratorios. En la actualidad, según explicó, las provincias deben afrontar el financiamiento de los tratamientos destinados a personas que no cuentan con cobertura.

El tercer eje corresponde a la elaboración de guías y protocolos comunes. Torres señaló que para numerosos tipos de cáncer no existen actualmente pautas unificadas de tratamiento y vinculó esta situación con la falta de evaluación de tecnologías sanitarias y de los resultados obtenidos con distintas alternativas terapéuticas.

El acceso a medicamentos representa uno de los principales desafíos en el abordaje del cáncer. Muchos de los tratamientos utilizados son de elevado costo y, en determinados casos, se trata de productos biológicos protegidos por patentes.

Glanc explicó que, frente a ese escenario, un organismo rector puede establecer criterios sobre los tratamientos que presentan mejores resultados y aquellos que ofrecen una relación más favorable entre eficacia y costo.

Según el especialista, contar con protocolos y recomendaciones nacionales también permitiría concentrar la demanda y fortalecer la posición del sistema sanitario al momento de negociar con los fabricantes.

Sin una estructura con capacidad de establecer esos criterios y orientar las decisiones terapéuticas, sostuvo, el sistema enfrenta un mercado en el que los laboratorios cuentan con una posición de negociación más fuerte, una situación que puede repercutir sobre el precio de los tratamientos y, en consecuencia, sobre las posibilidades de acceso.

El debate sobre el papel que debe tener el Estado en las políticas contra el cáncer adquiere especial relevancia por el peso que tiene la enfermedad en las estadísticas sanitarias nacionales.

El cáncer constituye actualmente la segunda causa de muerte en Argentina, por detrás de las enfermedades cardiovasculares. Por eso, para los especialistas consultados, las políticas destinadas a mejorar la prevención, el diagnóstico temprano, el acceso a los tratamientos y la disponibilidad de medicamentos continúan siendo aspectos centrales.

Glanc interpreta la desaparición del INC dentro de una discusión más amplia sobre el rol del Estado nacional en materia sanitaria. Desde su perspectiva, existe una orientación del Gobierno actual que asigna a las provincias una mayor responsabilidad en la garantía de la atención de salud.

El especialista considera que ese cambio tiene consecuencias particularmente relevantes para las personas que necesitan tratamientos complejos y de alto costo.

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