Privatizaciones bajo sospecha: Denuncian a funcionarios de Milei por ocultar las tasaciones de AySA

La venta de empresas estatales sumó un nuevo frente de conflicto para el Gobierno nacional. Senadores y diputadas de Unión por la Patria presentaron una denuncia para que se investigue cómo se determinaron los valores de las compañías que el presidente Javier Milei busca privatizar, con especial atención a Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), cuya tasación oficial, según los denunciantes, no fue puesta a disposición del Congreso.

La presentación fue impulsada por los senadores Adán Bahl y Jorge Capitanich, junto con las diputadas Ana María Ianni y Florencia Carignano. Los legisladores acudieron a la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) y señalaron al titular de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas (ATEP), Diego Chaher; al presidente del Tribunal de Tasaciones de la Nación, Julio Villamonte, y a autoridades del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE).

El planteo solicita investigar presuntas irregularidades administrativas y posibles delitos, entre ellos abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público, administración fraudulenta y negociaciones incompatibles con la función pública. La presentación no implica que esas conductas hayan sido comprobadas.

Uno de los principales cuestionamientos apunta al procedimiento utilizado para establecer el valor de las empresas públicas. Los legisladores sostienen que el Gobierno modificó el esquema de tasación, habilitó la intervención del BICE y restringió el acceso a los informes técnicos que respaldan las operaciones.

La controversia adquirió especial relevancia con la apertura de las ofertas económicas por el 90% de AySA, realizada el jueves 8 de octubre. Según los denunciantes, el proceso avanzó sin que los integrantes de la Comisión Bicameral de Reforma del Estado y Seguimiento de las Privatizaciones pudieran consultar la tasación oficial de la compañía ni los fundamentos técnicos utilizados para calcular su valor.

La licitación se desarrolló sin un precio base, de acuerdo con la información aportada en la denuncia. Para los legisladores, la falta de acceso a esa documentación limita la posibilidad de evaluar si el monto ofrecido se corresponde con el valor de la empresa.

El reclamo también alcanza a la Resolución 1/2026 de la ATEP, mediante la cual, según la presentación, se declaró reservada la información relacionada con las tasaciones y valuaciones de las compañías sujetas a privatización.

Los denunciantes cuestionaron una serie de decisiones administrativas que modificaron el mecanismo de valuación de los activos estatales.

La secuencia que describen comienza con el Decreto 450/2025, que estableció un nuevo criterio para determinar los valores. Posteriormente, la Resolución 88/2025 del Tribunal de Tasaciones de la Nación adecuó sus procedimientos y, finalmente, la Resolución 1/2026 de la ATEP dispuso la reserva de los informes vinculados con las privatizaciones.

Otro punto de controversia es la utilización del método de flujo de fondos descontados, una herramienta financiera que estima el valor de una compañía a partir de sus ingresos futuros proyectados, ajustados mediante una tasa de descuento.

Los legisladores consideran que la modificación del procedimiento requiere explicaciones sobre su fundamento legal y sobre la forma en que se aplicó a las empresas públicas. Por eso, solicitaron que se entreguen las tasaciones completas, sus anexos, las proyecciones de ingresos, las tasas de descuento utilizadas y las distintas versiones de los cálculos.

También pidieron que se investiguen posibles conflictos de intereses entre los funcionarios involucrados, los organismos que participaron en las valuaciones y los eventuales compradores.

La denuncia no se limita a AySA. Para fundamentar sus cuestionamientos, los legisladores incorporaron referencias a otros procesos de privatización en los que identificaron diferencias entre valores anteriores y montos previstos para las nuevas operaciones.

En el caso de Citelec, sociedad vinculada a Transener, señalaron que la base de licitación se estableció en 206 millones de dólares, frente a una adjudicación anterior de 356 millones de dólares.

Respecto de Intercargo, mencionaron que una primera licitación, con un valor de referencia de 45 millones de dólares, quedó desierta y que posteriormente se anunció la intención de volver a ofrecer la compañía por un monto inferior.

En cuanto a Nucleoeléctrica Argentina, la presentación recogió información periodística según la cual una nueva valuación podría representar una reducción de hasta once veces respecto de estimaciones anteriores.

Los denunciantes interpretan estas diferencias como posibles indicios de subvaluación de activos públicos. Sin embargo, los ejemplos citados constituyen argumentos de la presentación y no una determinación oficial de que las operaciones hayan ocasionado un perjuicio económico.

Los pedidos de información que llegaron al Congreso

Otro eje del reclamo se relaciona con las dificultades que, según los legisladores, enfrentó la Comisión Bicameral para acceder a la documentación necesaria para supervisar las privatizaciones.

El 12 de agosto, la comisión había solicitado información sobre los procedimientos en marcha. Sin embargo, sus integrantes recibieron más de 10.000 páginas de documentación apenas 48 horas antes de una audiencia con Chaher, un plazo que consideraron insuficiente para revisar los expedientes.

Posteriormente, las diputadas Ianni y Carignano intimaron al funcionario a entregar las valuaciones y sus antecedentes técnicos. Según la denuncia, la respuesta recibida el 1 de octubre no incluyó los documentos reclamados.

Los legisladores sostienen que una resolución administrativa no puede impedir que el Congreso acceda a información necesaria para ejercer sus atribuciones de control. Como fundamento, invocaron las disposiciones vinculadas con las privatizaciones y la Ley 27.275 de Acceso a la Información Pública.

Entre las medidas solicitadas a la PIA figura que requiera la resolución que declaró reservadas las tasaciones, además de los estudios elaborados por la ATEP y el BICE. También reclamaron los documentos utilizados para establecer los valores de las compañías y solicitaron que se evite avanzar con adjudicaciones sin que el Congreso pueda examinar los antecedentes.

La denuncia también abrió una coordinación con los sindicatos

El cuestionamiento a las privatizaciones tuvo, además, una instancia de articulación política y gremial. Legisladores y representantes sindicales de empresas alcanzadas por el programa oficial se reunieron en la Asociación del Personal Superior de Empresas de Energía (APSEE), encabezada por Carlos Minucci.

Del encuentro participaron representantes de los sectores nuclear, energético, ferroviario y de comunicaciones, junto con dirigentes vinculados a distintas vertientes sindicales de la CGT y la CTA.

Durante la reunión surgieron diferencias sobre la necesidad de convocar a movilizaciones contra las privatizaciones. Mientras los representantes gremiales reclamaron mayor participación en la calle, desde el bloque peronista plantearon la importancia de acompañar también la discusión parlamentaria, incluida la iniciativa orientada a derogar el Decreto 70.

Pese a las diferencias, los participantes acordaron establecer una coordinación jurídica y comunicacional. La propuesta contempla que cada sindicato designe referentes para intercambiar documentación, realizar un seguimiento de las presentaciones y difundir los cuestionamientos a los procesos de venta.

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