Maltrato animal en La Rioja, una jueza ordenó exhumar a un perro para determinar cómo murió

La muerte de un perro denunciada en Anillaco, en el departamento riojano de Castro Barros, dio lugar a una investigación judicial que busca determinar qué ocurrió con el animal. La jueza Sandra Molina dispuso su exhumación y el traslado de los restos a una clínica veterinaria especializada para realizar estudios radiográficos que permitan detectar posibles lesiones.

Molina está a cargo del Juzgado de Instrucción en lo Penal y Correccional de la Cuarta Circunscripción Judicial, con sede en Aimogasta. Desde ese organismo se impulsaron distintas medidas para reunir pruebas y avanzar en el esclarecimiento del caso, que comenzó a partir de la denuncia presentada por una vecina de la localidad.

Durante las primeras etapas de la investigación se realizó un allanamiento en la vivienda del hombre denunciado. En ese procedimiento se secuestraron elementos considerados relevantes para la causa y se concretó su detención.

Posteriormente, la incorporación de nuevos testimonios llevó a la magistrada a ordenar la exhumación del perro. El animal fue trasladado a un centro veterinario especializado de la ciudad de La Rioja, donde se dispuso la realización de placas radiográficas.

El objetivo es determinar si presentaba lesiones y, en caso de encontrarlas, aportar elementos que permitan establecer sus posibles causas.

Desde el Poder Judicial aclararon que no se realizó una autopsia, sino estudios radiográficos específicos para obtener información sobre el estado del animal y contribuir a la investigación.

Las diligencias se desarrollaron bajo un procedimiento destinado a garantizar la conservación de los elementos probatorios. Para ello, se estableció una cadena de custodia que permita resguardar las pruebas y mantener el registro de su manejo.

En las tareas participaron integrantes de la Policía Técnica Judicial, personal de la Dirección General de Cuerpos Especiales, un perito fotógrafo y una médica veterinaria del Departamento Canes.

De acuerdo con la información oficial, las medidas fueron notificadas a las partes involucradas para garantizar el control de las actuaciones y el ejercicio del derecho de defensa.

La investigación continúa abierta y todavía no se informaron los resultados de las radiografías. Una vez que se completen las diligencias pendientes, el juzgado prevé recibir declaración indagatoria al imputado.

Hasta el momento, tampoco se comunicó una condena. La responsabilidad penal deberá establecerse en el marco del proceso judicial, a partir de las pruebas reunidas y de las actuaciones correspondientes.

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