Amenazó de muerte a su expareja con un arma y recibió una condena en General Pizarro

Un hombre de 25 años fue condenado por agredir físicamente a su expareja y amenazarla con un arma de fuego en General Pizarro. El episodio ocurrió durante una reunión familiar y, según la investigación, también apuntó contra los hijos de la mujer. La Justicia le impuso dos años de prisión de ejecución condicional.

La sentencia se dictó en el marco de un juicio abreviado, luego de que el acusado reconociera su responsabilidad. La jueza Carolina Poma Salvadores, con el acuerdo de las partes, dispuso además una serie de reglas de conducta que deberá respetar.

De acuerdo con la denuncia, el hecho tuvo lugar el 31 de mayo pasado en la localidad de General Pizarro, departamento Anta. En medio de un encuentro familiar, el hombre comenzó a golpear a su expareja.

La situación escaló cuando tomó un arma de fuego y apuntó primero hacia los hijos de la mujer y luego contra ella. En ese momento, la amenazó de muerte y le advirtió que no debía denunciar lo ocurrido.

La intervención policial se produjo a partir del llamado de familiares. Cuando los efectivos llegaron al lugar, encontraron al acusado en aparente estado de ebriedad y este habría ofrecido resistencia al momento de ser detenido.

El fiscal penal 2 de Anta, César Arturo Saravia, representó al Ministerio Público Fiscal a través de la delegación de Apolinario Saravia.

La acusación incluyó los delitos de lesiones leves agravadas por la relación de pareja preexistente y por mediar violencia de género, en concurso ideal con amenazas con arma de fuego y tenencia ilegal de arma de fuego.

Tras la confesión del imputado, la jueza lo condenó a dos años de prisión de ejecución condicional, por lo que no deberá cumplir la pena en prisión, siempre que respete las condiciones impuestas.

Entre las reglas de conducta establecidas se encuentra la obligación de realizar un tratamiento psicológico en el hospital local, orientado al manejo de sus impulsos.

Durante la investigación, el arma de fuego utilizada en el episodio fue secuestrada.

Un informe de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC) confirmó que el condenado no figuraba como legítimo usuario de armas de fuego, un elemento que respaldó la acusación por tenencia ilegal.

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