Conocido peluquero metanense imputado por abusar dos veces de una niña

Además, el hombre tendría más de cuatro víctimas en su haber, pero hasta el momento se conoció solamente la investigación por el hecho denunciado por la progenitora de la menor.

El dueño de una peluquería ubicada en pleno centro de la ciudad de Metán, fue denunciado por abusar de una niña de 14 años. La causa se inició a principios de septiembre de este año, pero el hombre no fue detenido y sigue trabajando con mujeres, niños/as y adolescentes, sin levantar ningún tipo de sospechas. Luego de la denuncia radicada por la madre de la jovencita, el fiscal Gonzalo Gómez Amado junto a su equipo iniciaron una investigación y determinaron la imputación a “Sebastián Choque por abuso sexual simple por dos hechos y corrupción de menores”.

Además, se supo que el acusado, captó a la joven (como lo hacía con otras víctimas) a través de trabajo muy precarizado, ganó su confianza y la de su familia. Le pagaba $100 por día por trabajar en su peluquería, la excusa era que le daba esa suma “porque le enseñaba el oficio”.

La cámara gesell fue contundente para la imputación del abusador. Choque (amigo del cura Rosa Torino, ahora expulsado de la iglesia católica y sentenciado a 12 años de prisión por abusar sexualmente de tres personas) también tiene reiteradas denuncias por violencia de género, maltrato laboral y como si fuera poco varias son las mujeres que por miedo o vergüenza aún no lo denunciaron penalmente, cada vez que este acosador serial era descubierto, se justificaba diciendo que “sus víctimas eran sus amantes, y así solo las desvinculaba de su peluquería”, señaló una fuente cercana a su entorno familiar a este medio.

Denunciaron por acoso y violencia de género a un ex funcionario metanense y actual integrante del equipo de Pablo Marcial

La acusación señala acoso, hostigamiento, maltrato verbal y manipulación psicológica. Si bien ésta es la primera denuncia judicializada que se conoció, hay otras victimas que no denunciaron por temor a perder su fuente laboral.

Walter Astorga fue denunciado por “acoso, maltrato verbal, violencia de genero y psicológica”. Cabe destacar que este medio dialogó con la patrocinante de la víctima quién dio el consentimiento para hacer publica la denuncia y de alguna manera alertar a otras personas que estén pasando por situaciones similares. La damnificada está en tratamiento psicológico.

“La víctima realizó la denuncia cansada del hostigamiento de Astorga, quien además de difamarla, vulneró plenamente su integridad”, aseguró su representante legal.

Las medidas emitidas por el Juzgado de Violencia de Género de Metán son: “Walter José Astorga debe abstenerse de ejercer actos de violencia física y psíquica, como así también de proferir insultos, realizar llamadas telefónicas, mandar mensajes de textos, whatsapp, y/o comunicarse a través de redes sociales; por sí mismo o por interpósita persona; palabras agraviantes, insultar, herir y/o amenazas descalificantes en contra de la denunciante…”

Es necesario destacar que al momento de conocer la denuncia el atacante se borró de Facebook. Este hombre se hizo tristemente conocido al violentar a dos periodistas locales al poco tiempo de haber asumido como Secretario de la Juventud, pero este hecho no fue algo aislado, durante su estadía en esa Área varias veces fue “escrachado” por algunas de las víctimas que contaban el abuso de autoridad seguido de violencia que profería este hombre. Aún así fue bancado por el jefe comunal y “salvado” por el Director General de la Agencia de la Juventud de la Provincia, Pablo Marcial, que lo premió llevándolo a la capital salteña para trabajar en su equipo. Este medio intentó comunicarse con Marcial, pero solo leyó los mensajes y no respondió las reiteradas llamadas.

El aliado

Astorga es el típico varón violento que ocupa y activa desde los espacios feministas donde la mayoría son adolescentes vulnerables que caen en sus engaños, este tipo de acosadores y manipuladores suele actuar de forma sigilosa para no levantar ningún tipo de sospechas.

Logran manipular a sus víctimas pero también a sus allegados. Otro rol que ocupa Astorga es, de operador del peronismo local, actúa desde una pagina de Facebook llamada “Flash Metán Noticias”, donde pondera a los candidatos del espacio que actualmente ocupa.

“Ningún grupo antiderecho se preocupa por la desnutrición infantil en Salta”

Así se expresó la periodista Marta Cesar, periodista feminista y presidenta de la multisectorial de mujeres de Salta, en diálogo con el programa Muchas Gracias.

La periodista analizó la situación legal que atraviesa la médica que garantizó una interrupción legal prevista por el código penal argentino desde 1921, ante la solicitud de una joven de 21 años, por razones de salud. La profesional fue detenida y luego liberada, cuando las autoridades entendieron que se trataba de un caso de Interrupción Legal por causales.

Sin embargo, la consecuencias de las acciones de grupos antiderechos a los que pertenecen distintas personas del sector político conservador, de la justicia y de los medios hegemónicos continúan, según explicó César.

Marta reveló que “el abogado patrocinante de la familia de la joven es Andrés Rambert Ríos, el mismo que representa a un ginecólogo denunciado por abuso sexual”. Se trata de Marcelo Cornejo, que también trabaja en el Hospital Juan Domingo Perón y en mayo de este año fue imputado por ese delito contra una paciente de 15 años. La adolescente que lo denunció contó que en 2020 ella cursaba un embarazo cuando fue a una consulta con Cornejo en su consultorio privado. Él le ofreció practicarle un aborto por 20 mil pesos o, en caso de que no pudiera pagar, que aceptara tener relaciones sexuales con él tres veces por semana.

Marta Cesar aseguró que “la chica ha sido presionada por la familia y el abogado. Estamos tranquilas porque tanto el director del hospital como el ministro apoyan la práctica de la que participaron distintos profesionales del hospital”.

“Acá intervino la iglesia, diputados antiderechos para denunciar algo que es legal. Pero jamás se movieron por la cantidad de niños y niñas de pueblos originarios que mueren por desnutrición… El diario El Tribuno ha instalado la idea del asesinato y ha maltratado tanto a la médica como a todos los profesionales no objetores de conciencia y Miranda Ruiz era la única médica que garantizaba este derecho en Tartagal”.

Finalmente Cesar aseveró que las y los periodistas independientes nos podemos mover libremente pero el diario El Tribuno está jugando políticamente con el senador Juan Carlos Romero. Ese diario siempre fue conservador pero desde que la línea editorial la maneja Romero está horrible… Hay una asociación entre la Iglesia, los grupos antiderechos, el poder político conservador y el diario hegemónico El Tribuno”.

Se entregó el presunto femicida de Marcelina Peloc: estaba acorralado

Melanio González atacó a su víctima en el B° Gustavo Leguizamón. La última pista que dejó fue su moto abandonada en la orilla del Río Arenales. Era buscado por las fuerzas de seguridad desde el domingo pasado.

Minutos antes de que finalice la jornada se confirmó la noticia. Atraparon al femicida de Marcelina Peloc. Melanio González, ex pareja de la víctima, la mató en un domicilio del B° Gustavo Leguizamón y posteriormente se dio a la fuga. Para despistar a la policía llamó al 911 denunciando el crimen pero sin asumir la culpa.

El hombre era intensamente buscado por la policía desde el domingo. Fuentes revelaron que González se entregó por su propia cuenta en la comisaría de Cerrillos. Afirman que no podía seguir ocultándose más tiempo ya que se sentía “rodeado” por las fuerzas de seguridad.El tema no es menor ya que este sujeto está considerado peligroso, no solo para sus familias sino para la sociedad que esperaba su detención.

Desde que empezó el año 10 mujeres murieron a manos de hombres, muchos de ellos exparejas.

La provincia está en emergencia por violencia de género desde 2014, situación que hace siete años no se puede superar.

Le dieron 9 años y dos meses de prisión por violar y robarle a una adulta mayor en Río Piedras

Sucedió en la pequeña localidad del sur salteño el 29 de noviembre pasado. Hoy se conocieron los alegatos y la sentencia. El sujeto estaba imputado por tentativa de homicidio, abuso sexual con acceso carnal doblemente agravado por causar grave daño en la salud y por el uso de armas en concurso real con el delito de robo agravado por el uso de arma en perjuicio de una adulta mayor.

Sergio Daniel Gallardo, fue condenado por el tribunal de juicio a cargo de Sebastián Fucho a nueve años y dos meses de prisión por abusar, golpear y robar a una mujer anciana.

Hoy en fiscal Gonzalo Gómez Amado brindó los alegatos y pidió una pena ejemplar para este malviviente que lesionó gravemente en distintas partes del cuerpo, en especial en la cara, a la víctima, que en el momento aún en estado de shock, solo pudo señalar hacia donde escapó el agresor.

Posteriormente, la mujer pudo relatar que un hombre ingresó a su casa y la sorprendió cuando dormía. Sostuvo que el agresor tenía un trapo en la cabeza, por lo que no pudo ver su rostro y que le propinó golpes en el cuerpo, a la vez que la amenazó de muerte con un cuchillo si no le entregaba todo el dinero. Tras esto, relató que el agresor la sometió sexualmente y se fue.

Liberaron a la médica del Hospital Perón que garantizó un aborto

La noticia acaba de conocerse, la profesional intervino en el procedimiento de interrupción voluntaria del embarazo y ahora la imputan por ajustarse a la ley. Estaba incomunicada.

El fiscal penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas de Tartagal, Gonzalo Ariel Vega, requirió ante el Juzgado de Garantías 2 la detención de la médica del hospital Juan Domingo Perón de esa ciudad, quien intervino en el procedimiento de interrupción voluntaria de un embarazo (IVE), realizado a una joven de 21 años. Un dato para tener en cuenta es que ésta médica fue denunciante del doctor Marcelo Cornejo que abusó a una o más pacientes, casualmente el abogado de Cornejo habría sido un activo militante de la detención de la profesional.

Aproximadamente a las 9 de la mañana llevaron demorada a la médica del Hospital de Tartagal. La denuncia contra la profesional fue radicada por una tía de la mujer. Según se desprendió de la historia clínica, el procedimiento ocurrió pasado 24 de agosto.

Pañuelazos en las puertas del Hospital Materno Infantil de la capital salteña y en la Casa de la provincia de Salta, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se hicieron sentir. Junto al repudio generalizado en las redes sociales. “Ahora resulta indispensable, liberaren a la médica, el Estado es responsable”, se escuchaba en uno de los cantos.

Desde la Asamblea Feminista de Salta, organizaciones de DDHH, el sindicato ADIUNSa se expresaron por la libertad de la médica. También, diferentes referentes del movimiento de mujeres en todo el país.

La mujer habría recobrado la libertad pasadas las 14 de este viernes.

Un caso de distinta vara

Florencia Gasparini de la agrupación feminista “Pan y Rosas”, en diálogo con Nuevo Diario, remarcó que este “escándalo en esta Salta medieval, patriarcal, trae de vuelta al juez Mariscal Astigueta, que es el mismo juez que cuando fue el caso de Juana allá en el 2016, que era la niña wichi, que había sido violada en banda, cuando tenía 12 años, él (por Astigueta) también se negaba a darle a Juana el derecho a la IVE (Interrupción Voluntaria del Embarazo)”.

“Entonces acá estamos en el caso de una joven de 21 años que se presenta en el hospital de Tartagal para realizarse una intervención con una de las pocas medica que en Salta lleva adelante estas prácticas. Recordemos que la IVE que se voto el año pasado en la ley, está la objeción de conciencia que hace que médicas y médicos de esta provincia y del resto del país, se puedan presentar como objetores para no realizar las intervenciones”, dijo.

“Nosotros estamos por el derecho a decidir de nuestros cuerpos. En el caso de Juana también se ponía en discusión que estaba con un embarazo de 6 semanas, era un caso totalmente agravado por otras causas”, recordó.

Destacó que en la justicia “ya son cientas de denuncias que se presentan que quieren hacerse la intervención y en Salta las dilatan en el tiempo. No es que uno decide: quiero hacerme una IVE y te autorizan no, es todo un trámite porque justamente lo que quieren hacer es estigmatizar, hay toda una presión de los anti derechos”.

Entonces nuestra pelea es por acompañar a las mujeres y a la diversidad sexual ,a los hombres gestantes, en su derecho a decidir sobre su cuerpo”, finalizó.

“Sin ESI ni politicas estructurales”

En el mismo sentido se expresó la abogada feminista originaria Tyjuayliya Gea Zamora. “Hoy estamos acá como autoconvocadas para pedir la liberación de la compañera médica que fue apresada como estrategia de amedrentamiento a quienes garantizan derechos”, sostuvo.

“Se siguieron los pasos adecuados, la compañera medica está muy bien preparada para eso, como todas las personas que garantizamos derechos, realmente acá lo que nos indigna o tal vez lo que nos llama la atención, es como arman una causa contra una persona que garantiza derechos de la nada; que incluso armaron toda una campaña por fuera sin que se enterara la médica”, añadió.

Aseguró que que ellos (del Poder Judicial) ya sabían que la iban a meter presa, y a la compañera ni siquiera la habían notificado, ni siquiera sabía que estaba imputada “, aseveró.

Sostiene al Nuevo Diario que en Salta no se llevan adelante políticas estructurales que cambiarían las realidades de las niñas y adolescentes en relación al embarazo precoz; al embarazo adolescente.

“Cuando hablamos de ESI, ni siquiera se ha hecho lo suficiente para implementar este programa y más pensando en esta zona lo que es San Martin o en el departamento Rivadavia, que tiene prevalencia indígena. Tampoco hay políticas específicas para trabajar el acceso a la educación sexual integral para jóvenes indígenas desde una mirada intercultural”, enfatizó.

Las referentes feministas con este “pañuelazo” dijeron que abrazan la causa de la compañera, “para que sepa que no está sola, que no nos vamos a quedar quietas hasta que se haga justicia y éstas personas que tan maliciosamente tomaron estas acciones contra ella de verdad paguen lo que están haciendo”, concluyó al NDS Zamora.

Se interrumpió el trámite de elevación a juicio de Rangeón

La jueza de Garantías 8, Claudia Puertas, ordenó la elevación de la causa al Tribunal de Impugnación, contra Marcelo Rangeón que se encontraba en trámite para la elevación a juicio.

Debemos recordar que Pablo Marcelo Rangeón, de 43 años, se encuentra acusado de los delitos de: abuso sexual con acceso carnal continuado, abuso sexual con acceso carnal, abuso sexual con acceso carnal y estafa, abuso sexual simple, abuso sexual simple continuado y abuso sexual con acceso carnal, todo esto en concurso real.

La causa que ya se encontraba en trámite de elevación a juicio, ante la presentación del fiscal será remitida a la Sala IV del Tribunal de Impugnación, su resolución estará a cargo del juez Luciano Martini.

El nuevo recurso procesal impuso la interrupción de la elevación a juicio hasta tanto sea resuelto y la causa devuelta al juzgado de origen.

Un juez no podrá acercarse a una defensora que lo denunció

Natalia Buira había demandado a Víctor Raúl Soria por violencia de género reiterada. Deberán redistribuirse las causas en las que estaban interviniendo ambos magistrados.

La Justicia prohibió que el juez de personas y familia número dos, Víctor Soria, se acerque a la defensora oficial civil número cuatro, Natalia Buira, quien lo había denunciado por reiterados hechos de violencia de género en el ejercicio de sus funciones. Se deberán redistribuir las causas en las que ambos magistrados intervenían para que no tengan contacto.

Natalia Buira había denunciado al juez por violencia verbal, psicológica y por repetidas situaciones de maltrato y “ninguneo” que vivió en el desarrollo de sus tareas como representante legal de personas que no tienen recursos para pagar un abogado particular. La defensora planteó el tema primero por la vía administrativa, en el Poder Judicial, y luego radicó una denuncia judicial con el patrocinio de la abogada especializada en protección de los derechos de las mujeres Graciela Abutt Carol.

En un fallo de primera instancia, la jueza de Violencia Familiar y de Género, Noemí Valdez, había llamado “a las partes a gestionar herramientas y mecanismos que les permitan sostener un diálogo pacífico” en cada proceso judicial. También notificó a Soria de que debía darle “un trato igualitario” a la defensora oficial y “evitar expresiones verbales o gestuales que pudieran afectar su integridad psicofísica en ocasión del ejercicio de sus funciones”.

Natalia Buira y su abogada apelaron esta resolución y advirtieron que el problema no podía resolverse con una convocatoria al “diálogo” por la relación asimétrica de poder entre víctima y victimario que caracteriza a los casos de violencia de género. “Promover una suerte de acuerdo entre agresor y agredida responde a uno de los cimientos más relevantes e inadvertidos de la cultura que justifica y soslaya la violencia y la discriminación de género, justamente aquel que sostiene que la violencia es un asunto de índole privada que puede remediarse mediante la promoción de un diálogo”, expone la presentación.

Luego de revisar el caso, la sala segunda de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, que integran los jueces Verónica Gómez Naar y Alejandro Lávaque, consideró que la situación implica un riesgo para la salud física y psicológica de Natalia Buira y que corresponde dictar una prohibición de acercamiento para proteger a la víctima y prevenir nuevos hechos de violencia.

El hecho que llevó a la primera denuncia administrativa se produjo en 2018, cuando Buira asistió al juzgado por una audiencia con una mujer de Güemes a la que representaba. Ese día, según la demanda, en el juzgado no quisieron confeccionar el acta que acreditaba que la mujer había comparecido. Luego de reclamar por lo ocurrido, la defensora le advirtió a Soria que haría una denuncia interna, a lo que el juez le respondió que ella no tenía “estatura moral” para denunciarlo y le cerró la puerta. Además, la defensora describió que la situación terminó con el juez gritando en los pasillos de la Ciudad Judicial.

En el expediente se sostiene que hubo repetidas actitudes hostiles del juez que, para Natalia Buira, eran un intento de “acallarla” y restringir su libertad de trabajo.

Luego de una denuncia administrativa ante la Corte de Justicia, Natalia Buira decidió que un abogado varón que trabaja en su Defensoría la acompañara a las audiencias en el juzgado de Soria, para sentirse respaldada.

En diciembre de 2020 el juez impidió que el letrado siguiera asistiendo con ella. Primero argumentó que no podía dejarlo pasar por el protocolo sanitario, a pesar de que el salón era lo suficientemente amplio para mantener el distanciamiento, y luego le dijo no quería que nadie “lo grabe”. Luego de eso, Buira decidió avanzar con la presentación judicial.

Informe de la OVIF y antecedentes
Un informe del equipo interdisciplinario de la OVIF (Oficina de Violencia de Género), donde se radicó la denuncia contra el juez Víctor Soria, advirtió sobre indicadores de riesgo que planteaban la necesidad de tomar medidas. Entre otros puntos, señala que existen antecedentes de denuncias por violencia de género contra Soria (presentadas por exparejas).

En el expediente también constan certificados que acreditan problemas de salud que sufrió Natalia Buira y que podrían relacionarse con el estrés.

En las actuaciones, la defensora recordó que Soria es el juez que en 2013 prohibió que le realizaran el aborto no punible a una niña de 13 años que había sido violada por su padrastro, pese a que un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación ya había establecido que en estos casos cabía la interrupción legal del embarazo.

El juez apeló el fallo de primera instancia que lo llamaba a tener un trato igualitario y un canal de diálogo con Natalia Buira. Consideró que no era procedente aplicarle una regla de conducta “en tanto no sea coordinada y articulada por la Corte de Justicia”. Además, argumentó: “Los hechos no encuentran basamento en una relación desigual de poder sustentada en el género, pues se trata de una relación de juez y parte, en la que esta ultima puede estar en desacuerdo… pero no justifica que tal actividad jurisdiccional se encuentre basada en su condición de mujer”, argumentó. El Tribuno

Abuso Sexual| Por malos tratos, Pablo Rangeón se quedó sin defensor

El doctor Roberto Reyes no seguirá con la defensa del diseñador salteño, quien irá a juicio acusado de abusar sexualmente de seis mujeres.

El diseñador de moda Pablo Marcelo Rangeón, imputado por el delito de abuso sexual en perjuicio de seis mujeres, una de ellas menor de edad, se quedó sin representante legal luego de que el doctor Roberto Reyes presentara su renuncia ante el Ministerio Público Fiscal (MPF), argumentando haberse sentido “afectado por el trato recibido” por parte de quien hasta hace poco era su defendido. En ese sentido, el letrado, de vasta trayectoria en el mundo de las leyes, se sintió “violentado moralmente” y no pudo continuar con la defensa técnica del imputado.

La renuncia del doctor Reyes no pareciera llegar en el mejor momento del proceso judicial que afronta el diseñador salteño desde hace un tiempo, imputado por el delito de abuso sexual contra seis mujeres, una de ellas menor de edad. El fiscal que actúa en la causa, Rodrigo González Miralpeix, de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual, solicitó hace unos días al Juzgado de Garantías actuante elevar la causa a juicio contra el diseñador de modas salteño.

En lo que respecta al doctor Reyes, como defensor de Rangeón en un comienzo y como parte de sus primeras acciones desplegadas, logró obtener el beneficio de la prisión domiciliaria, situación que no tardó en cambiar tiempo después ya que revocaron el arresto domiciliario y la prisión preventiva que pesa sobre el imputado volvió a efectivizarse tras las rejas.

Hasta anoche, si bien había algunos nombres que daban vueltas como posibles defensores de Rangeón en el legajo no se incorporó oficialmente a nadie.

La imputación
Pablo Rangeón fue imputado por los delitos de abuso sexual con acceso carnal continuado en perjuicio de S.G., abuso sexual con acceso carnal en perjuicio de C.F.R., abuso sexual con acceso carnal y estafa en perjuicio de P.J.P., abuso sexual simple en perjuicio de M.L.B., abuso sexual simple continuado en perjuicio de M.P.G. y abuso sexual con acceso carnal en perjuicio de C.A., todo en concurso real.

El accionar delictivo del acusado se corrobora con las denuncias de las seis víctimas, que fueron ratificadas en la Fiscalía, declaraciones testimoniales e informes psicológicos de las víctimas, que dan cuenta de los indicadores de experiencias traumáticas compatibles con una vivencia disruptiva en la sexualidad de las mismas.

A su vez, el accionar del imputado fue corroborado por el informe psicológico, que dio cuenta que su mundo pulsional interno -es decir, aquello instintivo que lo empuja a desenvolverse-, es capaz de salirse de control, desviarse, en especial cuando lo afectivo y emocional están en juego. EL TRIBUNO

Las tareas de cuidado, y la pandemia

  • Por María Donato y Claudia Cohen
  • Foto de Diario Digital Femenino:  Ailen Possamay

Cuando hablamos de las tareas de cuidado hacemos referencia a la primera fuerza re- productiva, sin esa tarea todo el resto de la cadena a la que estamos habituadas/os no podría funcionar, es la base para comprender y darnos cuenta de la importancia que tienen.

Específicamente consisten en la realización de distintas tareas y actividades necesarias para el desarrollo, preservación y continuidad de la vida de las personas. Comprende las tareas materiales y las afectivas, como la provisión de bienes esenciales para la vida, como la alimentación, la limpieza, atención, acompañamiento, apoyo, transmisión de conocimientos, valores sociales y prácticas mediante procesos relacionados con la crianza.

Son tareas generalmente no reconocidas socialmente, ni valoradas económicamente, altamente feminizadas.

Las tareas de cuidado son realizadas en un 75,7 % por mujeres de recursos económicos mas bajos Las tareas domésticas y de cuidado consideradas como un todo son la actividad que más aporta a la economía: los cuidados representan un 16% del PBI. Con la pandemia esta cifra aumentó en casi seis puntos porcentuales por encima de la medición anterior elevándose a un % 21,8 del PBI.

¿Que implica que las tareas de cuidado quede en cabeza de las mujeres?

Que las tareas de cuidado recaigan en las mujeres implica una profunda desigualdad e injusticia social, que impacta en las mujeres de sectores de menores niveles de formación y bajos recursos económicos, limitando la participación laboral de estas y esto puede ser un factor determinante para que no construyan su autonomía personal, su proyecto propio, generando dependencia económica.

El cuidado está en el nudo central de las desigualdades de género la naturalización del rol de la mujer asociando que por naturaleza le compete las tareas de cuidado como un trabajo sin reconocimiento ni remuneración, son una forma de ejercer violencia hacia las mujeres.

Nos enfocamos en pensar al trabajo de manera global como lo que una sociedad necesita para desarrollarse como tal y eso tiene un componente remunerado y no remunerado, este último es el que hay que reformular y redistribuir, para que aquellas mujeres que no se desempeñan en el ámbito público puedan hacerlo sin tener esta sobrecarga y para las que ya se desempeñan fuera de su casa que al llegar, ese tiempo extra de dedicación a las tareas de cuidado sea una responsabilidad compartida, dentro del marco de la co-responsabilidad.

Permite transformar las relaciones jerárquicas entre varones y mujeres en vínculos democráticos de co- responsabilidad compartida, facilitando al desarrollo personal, laboral y profesional de las mujeres.

La situación sanitaria y las tareas de cuidado

Con la llegada del aislamiento primero- ASPO-, luego el distanciamiento -DISPO, las mujeres debieron hacerse cargo de más cosas aún, además de las que ya se hacían cargo, por ejemplo, el acompañamiento en las tareas educativas a niños, niñas y adolescentes.

Al modificarse la vida cotidiana, coexistiendo en el mismo espacio físico desde lo productivo a lo reproductivo, los arreglos (mejores o peores que existían) se desarmaron completamente y la situación del cuidado quedó inexorablemente expuesta, entre otras cosas porque el confinamiento implicaba la imposibilidad de recurrir a algunas ayudas externas como las abuelas o las trabajadoras domésticas.

Desde el feminismo, se ha ido instalado el tema en la agenda pública y social,  dejar de pensar que es algo privado – un acuerdo entre las personas que integran la familia- para que tome dimensión en el ámbito público y que se empiece a hablar de cuidado como un derecho, abarcando tanto la condición de quienes son cuidadas/os como de las personas cuidadoras.

Las tareas de cuidado como derecho humano y política pública

Formular el  cuidado con un enfoque de derechos en sus tres dimensiones cuidar, ser cuidada/o y auto cuidarse es indispensable para el ejercicio de otros derechos humanos reconocidos en nuestra constitución y en los tratados internacionales.

Plantear el cuidado desde esta perspectiva, implica re- pensar principios de igualdad, universalidad, co- responsabilidad y género, dándole un contenido en clave de derechos humanos, tomando al cuidado como un derecho, una necesidad y un trabajo comúnmente sin remuneración. Abarcando tanto la condición de las/os sujetos de cuidado como de las personas cuidadoras.

A modo de cierre

Con la pandemia se amplificaron las brechas sociales, puso en crisis las tareas cuidado. Se traspoló el concepto de cuidado, como un acuerdo entre las personas que integran la familia, para que tome dimensión en el ámbito público, pensando al cuidado en términos de derechos. Transformar prácticas concebidas como naturales, implica un cambio social y cultural, con un enfoque transversal.

Como sociedad la pandemia nos desafía a interpelarnos y reconsiderar instancias que nos lleven a ejercer el reclamo de un nuevo contrato social que produzca cambios inexorables e inmediatos, donde el Estado y los poderes que lo constituyen, sean garantes de la transformación que llega para seguir construyendo la conquista de lo postergado. 

  • Diario Digital Femenino