Video | “No tenemos ni para comer”, dijo la mujer originaria que denunció a la directora del IPPIS por explotación laboral y amenazas

La mujer oriunda de Salvador Mazza acusa que la directiva el Instituto Provincial de Pueblos Indígenas de Salta amenazó con echarla a la calle junto a sus hijos porque le reclama lo que le adeuda. Ellos están en la capital salteña para ser atendidos en un hospital de la zona.

Georgina -29- trabajó en el Instituto Provincial de Pueblos Indígenas -IPPIS- durante un año, hasta el momento solo le habrían dado alojamiento, comida y unos pocos pesos que no llegarían a diez mil -$10000- en los últimos doce meses, al reclamar lo que la mujer originaria considera que le corresponde, la directora del albergue Romelia Durán, quién la contrató, amenazó con echarla del lugar junto a sus pequeños.

“Estoy re mal psicológicamente”, declaró la jóven madre, que además explico a Revista Actualidad que ella, su esposo y sus niños son del B° Ferroviario de Salvador Mazza y que “por un problema de salud de su niño debieron viajar a Salta hace un año y fue allí donde conoció a Duran y desde entonces trabajaron en el albergue atendiendo a la gente, donde no tuvo ni un día de descanso durante la semana”.

La mujer desesperada en busca de justicia decidió filmar el momento en el que la directora del albergue la amedrentaba además se puede escuchar claramente que “le prohíbe que grabe”, Georgina “solo pide que le abonen por sus labores de limpieza”, además cuenta que Romelia le propuso trabajo junto a su esposo y se comprometió a pagarles mensualmente por todas las tareas en el albergue $14.000 -catorce mil- por mes a cada uno, pero al pasar el tiempo “nunca les pago su sueldo, solo les dio en una oportunidad $ 3.000”. En el transcurso de los meses, Georgina continúo pidiéndole el pago por sus trabajos, pero la directora le respondía: “que espere que dentro de poco ingresaría dinero al IPPIS, pero el sueldo nunca apareció y además se molestaron por los continuos reclamos. Al concluir el año 2017 llego una carta solicitando que se retiren del albergue, cuando la realidad es que fueron ubicados para trabajar”.

“Un día se presentó la presidente del IPPIS junto a unos vocales entre ellos, el Alejo de la etnia Chulupi, para sacar las pertenencias, me estaban sacando mis cosas, hasta ella misma -Romelia- ayudaba a sacar mi ropa. Quiero que se hagan responsables por hacerme trabajar ese año de lunes a lunes me explotaron  totalmente, además hace tres semanas, la presidente del IPPIS me dijo: ‘vayan llevando las cosas’ y que me iba a dar un monto de dinero, al creerle cargarmos algunas cosas en la camioneta del Cacique Calermo de la etnia wichi, quien se lavó las manos, al igual que los otros vocales”, manifestó la mujer.

Además Georgina contó que “quisieron hacerle firmar un papel donde figuraba que ella estaría recibiendo un subsidio, cuando no es así y por eso no lo firmo, Romelia se molestó y ordenó que sacaran todas las pertenencias, ‘tuve que llamar a la policía, porque no respeta ni a mis hijos, que se encontraban llorando’ “.

Georgina, pidió a los medios de comunicación que fueran a tomar imágenes de las condiciones en la que vive, pero nadie fue.  Ella quiere que se haga público “que se llevaron los  muebles al punto que no tiene ni dónde comer, prácticamente comemos en el piso”, sostuvo.

Asimismo, hay una denuncia que realizó la mujer detallando la situación, allí resalta que “prometieron pagarle cuando la llevaron al hospedaje del IPPIS”, también denuncio a la vocal Chane Marcela Castillo, por amenazas, le dijo que “si no salía del lugar iba a hacer desaparecer a su hijo, estoy viviendo una situación muy mal, no tenemos ni para comer”, declaro.

Cabe mencionar que en enero de este año se hizo publico el descontento de varios caciques con Durán por “presuntos desmanejos con el dinero”, en esa oportunidad  se conocieron varias quejas de las comunidades, el cacique Eduardo Pisco, de la comunidad Misión Chorote, de Tartagal aseguraba que “la situación no daba para más, que de los $5 millones que entran ahí ya no hay ni para los enfermos y sus acompañantes se mueren de hambre, no tienen nada”, además comentaba que existía una “deuda de $200 mil en el comedor” contratado para que los originarios que deben viajar a la capital provincial por razones de salud y otras de fuerza mayor cuenten con un lugar donde alimentarse. El cacique sostenía que “hay un derroche de la plata de caja chica”.